Multas en las playas de Cádiz por el baño con bandera roja
La ordenanza municipal de playas de Cádiz establece sanciones para quien haga caso omiso de las alertas
Habrá socorristas todo el año en dos playas de Cádiz a partir del 1 de octubre
El final del mes de agosto llegó al litoral gaditano más ajetreado de lo normal. Tras días y jornadas apacibles de playa, diversos avisos de oleaje y mar de fondo en buena parte del litoral de la provincia obligó a los servicios de emergencia a elevar la bandera roja en algunos de los arenales más destacados prohibiendo el baño ante el empeoramiento progresivo de las corrientes marinas.
El martes 26 de agosto, y de manera paulatina, playas de El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana, El Palmar, Barbate, Trafalgar, Tarifa y el Estrecho comenzaron a elevar sus banderas rojas alertando a los bañistas de la situación del mar. Sin embargo, la prohibición expresa a bañarse con estas indicaciones desplegadas no evitó que se produjeran varios rescates por parte de los equipos de socorristas de bañistas que se vieron con dificultades para salir del agua debido al fuerte oleaje.
En esta línea, Antonio Sanz el pasado miércoles mostró su sorpresa, llegando a asegurar que "algo pasa en la concienciación ciudadana cuando se producen 169 fallecidos en una ola de calor y algo pasa cuando en ahogamientos; se establecen banderas rojas y la gente se sigue bañando cuando está absolutamente prohibido".
Por tal motivo, la Junta de Andalucía está elaborando una norma con la que potenciará la prevención de muertes accidentales en circunstancias de emergencia, como fenómenos meteorológicos, incendios y situaciones extraordinarias de aglomeraciones. La futura norma incluirá, entre otros aspectos, un régimen sancionador que castigue a personas que actúen de un modo irresponsable o imprudente y obligará a la realización de campañas de información e incluso simulacros en actividades donde se concentre un elevado número de personas.
El futuro decreto traspondrá la norma básica estatal y regulará el modo de actuar de la población frente a situaciones de alerta y emergencias y de aglomeraciones susceptibles de un riesgo o potencialmente peligrosas. El texto normativo, que pasará a la fase de información pública en aproximadamente dos meses, será "pionero" en el tratamiento de lo que en el argot de emergencias se conoce como normas de autoprotección.
Multas y sanciones a particulares y ayuntamientos
El régimen sancionador afectará a los particulares y a los ayuntamientos, informan fuentes de la Consejería de Presidencia. Aunque el texto está todavía en un estado embrionario, está previsto que contenga multas para una amplia variedad de casos. Además de multar a las personas que decidan tomarse un baño en momentos de bandera roja o que desobedezcan a las autoridades en los casos en que se produzcan fuegos, terremotos o riadas, también habrá medidas coercitivas que sugieran el cumplimiento estricto de la normativa. Si un edificio de nueve plantas, por ejemplo, no dispone del plan de autoprotección o no lo ha entregado a los bomberos, es posible que no puede obtener la licencia de ocupación.
Cabe señalar que la ley estatal de costas sobre normas e instrucciones para la seguridad humana en los lugares de baño, en la mayoría de los casos la regulación del chapuzón y el uso de las banderas se basa en las ordenanzas municipales de uso y aprovechamiento de las playas. Y había unas normas que contemplaban la imposición de multas de hasta 3.000 euros por bañarse con la bandera roja de máxima alerta izada.
¿Qué dice en concreto la ordenanza de playas en Cádiz?
La ordenanza para el Uso y disfrute de las playas del Ayuntamiento de Cádiz recoge en el artículo 36 las "acciones u omisiones tipificadas por la normativa sectorial específica como incumplimiento de deberes, prohibiciones, limitaciones u obligaciones contenidas en las mismas". En este sentido, en el apartado x del punto 2 se recoge como "infracción leve" la práctica del baño cuando la bandera roja se encuentre izada. Como "infracción grave" se recoge el incumplimiento de las órdenes e instrucciones dadas por agentes de la autoridad o por quienes realicen tareas de vigilancia y salvamento.
Respecto a las sanciones, la ordenanza establece unas cuantías con multas de hasta 750 euros para las infracciones leves; de entre 751 a 1.500 euros para la graves; y de 1.501 hasta 3.000 euros para las muy graves.
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