La plataforma de víctimas vuelve a la calle el día 12 de enero en Sevilla.

El juez José de la Mata imputa un delito de desobediencia a los tres responsables de la empresa informática que almacenaba en sus servidores miles de imágenes y copias de las historias. La documentación borrada es "irrecuperable" y el instructor considera que los tres responsables han podido cometer un "grave incumplimiento de las obligaciones legales de colaborar" con la Justicia.

La presidenta de los afectados destaca que la estafa ha provocado "dramas familiares y depresiones”.

El Pleno aprueba por unanimidad estudiar ayudas a las víctimas del cierre de IDental de municipios con menos de 20.000 habitantes.

Benito Lupiáñez, portavoz de la Asociación Sevillana de Afectados de Idental (ASAI) califica de "sinsentido" el "ninguneo" al funcionario público que destapó el escándalo.

El CSIF instó en enero a la Junta a que responda ante la denuncia del funcionario público.

La Coordinadora Andaluza que aglutina a distintas asociaciones de afectados de Idental rechaza los expedientes incoados contra el inspector que advirtió del posible delito de salud pública en Sevilla.

El funcionario público, que advirtió en 2017 de posibles delitos en la clínica de Sevilla, afronta dos expedientes disciplinarios incoados por la Junta de Andalucía.

Reclama también una investigación sobre posibles “responsabilidades” del Ayuntamiento por no haber actuado ante la apertura ilegal de las clínicas de esta cadena.

Emprenden la vía penal ante el juzgado, acuden a Consumo y negocian dejar de pagar a la financiera.