El expediente sancionador abierto por la Delegación Territorial de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul contra el Ayuntamiento de San Fernando por no afrontar la retirada del depósito municipal de unos 150 vehículos retirados de la vía pública por abandono apunta a dos sanciones por "infracciones muy graves" dado que se consideran residuos peligrosos.

Entiende la Junta de Andalucía a partir de la denuncia realizada por el CSIF que el Consistorio no ha afrontado su obligación como administración a la hora de afrontar el tratamiento al que obliga la ley, lo que dejó de hacer cuando el contrato que se encargaba de prestar este servicio caducó en 2020 sin que se haya licitado o tramitado uno nuevo.   

En el acuerdo por el que se inicia el procedimiento sancionador -que firma el delegado territorial, Óscar Curtido- se indica explícitamente que el tiempo máximo de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos es de seis meses, prorrogable a un año previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente "por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente". 

No obstante, se subraya, el Consistorio no dispone de dicha autorización que en todo caso no va más allá de un año. Y los últimos vehículos que se entregaron a un CAT (Centro Autorizado de Tratamiento) salieron del depósito de la Policía Local isleña el 18 de julio de 2019. Desde entonces todo vehículo retirado se ha ido almacenando en el recinto. 

Se señala igualmente a un informe elaborado en el pasado mes de noviembre por la propia Policía Local de San Fernando a requerimiento de la Delegación Territorial en el que se apunta a la existencia de "riesgo de incendio por la acumulación de vehículos con combustible sumado a la circunstancia de la existencia del IES Sancti-Petri y la residencia de ancianos de la Cruz Roja, colindantes al estacionamiento, que implicaría riesgo de intoxicación por humos/gases de todos los alumnos y residentes; al suelo y al agua por conducciones de aguas pluviales, debido a derrames de líquidos con sustancias peligrosas de estos vehículos; a la seguridad de la residencia de ancianos; a la higiene y salubridad por la dificultad para los trabajos de limpieza del lugar". 

Dos multas por infracciones muy graves contra dos leyes 

Así que para los responsables autonómicos en materia de Medio Ambiente queda claro que el Ayuntamiento isleño no ha cumplido con las obligaciones que tiene encomendadas por ley "como productor inicial o poseedor de residuos peligrosos". 

Concretamente, en el expediente sancionador se imputa al Consistorio isleño una infracción muy grave tipificada en la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular por "el incumplimiento de las obligaciones del productor inicial u otro poseedor de residuos peligrosos, relativas a la gestión de sus residuos, reguladas en el artículo 20". 

En este caso, expone, las infracciones muy graves se castigan con multas que pueden oscilar entre 600.001 y 3.500.000 euros. La cuantía fijada en el inicio del expediente de la Delegación Territorial contra el Ayuntamiento isleño es la menor: 600.001 euros. 

La Junta, no obstante, aprecia también en este asunto una segunda infracción muy grave tipificada en la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental por "el incumplimiento de las prescripciones de la presente ley en materia de residuos, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica en dicha materia, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas". 

En este caso, señala, dichas infracciones se castigan con multas que oscilan entre los 300.508 y 1.202.025 euros. "En el presente caso procede imponer multa por importe de 300.508 euros", señala el expediente. 

De ahí que la cuantía resultante que se le reclama al Ayuntamiento isleño en el inicio del expediente sancionador ascienda a un total de 900.509 euros mientras en paralelo se le exige la adopción de medidas cautelares que incluyen la retirada de los vehículos que se acumulan en el depósito municipal y que son considerados como residuos peligrosos. 

40% de rebaja de la multa 

El Ayuntamiento isleño, eso sí, dispone de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que estime oportunas contra la citada multa, que podría reducirse hasta en un 40% siempre y cuando se proceda al pago voluntario antes de la resolución del expediente y reconozca su responsabilidad en los hechos denunciados desistiendo de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. 

Desde el gobierno municipal, la alcaldesa, Patricia Cavada, aseguró esta semana tras trascender dicho expediente que desde el Ayuntamiento se trabajaba en la licitación de un contrato para cubrir el servicio para el traslado y tratamiento de los vehículos del depósito municipal y se subrayó que era necesario afrontar previamente un proceso de licitación "para garantizar los procesos y para evitar una acción arbitraria en las adjudicaciones de contrato". 

Fuentes del gobierno municipal aseguraban también este miércoles que el Ayuntamiento todavía no había recibido la notificación del inicio de dicho expediente y subrayan que se trataba del comienzo de un procedimiento administrativo.