Los investigados, entre ellos Isabel Nieto, pidieron el sobreseimiento de esta pieza separada del caso Nazarí. UP lamenta que el Ayuntamiento se posicionara a favor del sobreseimiento "ejerciendo de defensa" pese a que podría tener un perjuicio económico millonario. La jueza anula diligencias de la pieza Mulhacén por orden de la Audiencia de Granada.

La jueza de Instrucción 2 atiende a la petición de la Fiscalía y otros investigados del sobreseimiento porque a pesar de existir irregularidades no alcanzarían el "reproche penal" de la prevaricación. Deja abierta la vía contenciosa para la posible depuración de los actos de las administraciones para restaurar el orden jurídico que podría haberse conculcado.

Francisco Cuenca ha asegurado que "los líos urbanísticos" se producen a partir de 2003, año en que el PP gobernaba en la ciudad, y descarta la implicación de otros equipos de Gobierno.

En un escrito remitido a la jueza del caso Nazarí, los socialistas sostienen que hubo 15 años de "corrupción" en Granada, entre 2000 y 2015, tiempo en el que hubo un alcalde del PSOE, José Moratalla. El PSOE pide archivar la pieza San Jerónimo, la única abierta en la macrocausa contra el promotor José Julián Romero.

La exconcejal Isabel Nieto y otros altos cargos municipales piden que se aclare el informe fiscal, porque a pesar de pedir el archivo del caso, subraya "ilegalidades" en la gestión urbanística del complejo deportivo. El IFA vendió la parcela a la empresa de García Arrabal en 2007 por 3.099.192 euros. .

"La actuación no se ajusta en absoluto a la legalidad", mantiene el Ministerio Público sobre el club privado y el IMUDS de la Universidad. Pero las irregularidades no alcanzarían el "reproche penal" de la prevaricación.

Rechaza la petición de archivo y sostiene que hay "indicios racionales" de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. Cientos de viviendas, en un limbo legal.

El Ministerio público sugiere que la parte del sumario sobre la empresa que construyó el edificio y vendió las oficinas al partido sea remitida a la Audiencia Nacional para incorporar si procede al caso Banco Popular.

Torres Hurtado e Isabel Nieto quedan absueltos de los delitos que se el atribuían por la construcción del edificio donde residen. El dictamen judicial tilda de "temeridad y mala fe" la acusación popular ejercida por Ramón Arenas y considera el informe policial un "pasquín folletinesco".

El fallo del magistrado del Juzgado de lo Penal 1 concluye que no hubo delito en la construcción de la vivienda donde exalcalde y exconcejala tienen su residencia. Condena a la acusación popular ejercida por Ramón Arenas a pagar las costas del proceso por "temeridad".