EL Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria es una corporación de derecho público en la que se encuentran adscritos los agentes de la propiedad inmobiliaria, profesionales cualificados que operan en el mercado inmobiliario y que está regulado por el Real decreto 1294/2007 del Ministerio de Fomento.Para estar colegiado es necesario contar con un título expedido por el Ministerio de Fomento, o bien, entrar con un título universitario. Este colegio ha ido creciendo, y lo sigue haciendo progresivamente. Actualmente, se encuentra en una situación de estabilidad.
En total en España son 5.300 agentes de la propiedad inmobiliaria y contamos dentro de los colegios con árbitros y mediadores. Además, se ejercen como peritos tasadores unas 1.500 personas, profesionales a nivel nacional.
Son diversas problemáticas las que tenemos, principalmente la falta de regulación del sector. Actualmente en nuestro país no se requiere ningún tipo de titulación ni se exigen requisitos para poder ejercer la labor de mediación. Por tanto, reclaman a las administraciones autonómicas dicha regulación.En Andalucía, la Ley de Derecho de tanteo retracto de la vivienda introdujo la creación de este registro y está pendiente de su aprobación para que los ciudadanos tengan conocimiento de todos los operadores que existen. Hay una disyuntiva que radica en que el registro sea obligatorio o voluntario. Desde los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria no pretenden ningún privilegio a su colectivo, pero sí que los ciudadanos estén amparados por profesionales que tengan una serie de requisitos. Lo que se pretende con este registro obligatorio no es regular la actividad, sino que se den los condicionasteis o un marco normativo para que los operadores que estén en ese registro tengan las suficientes garantías para que los usuarios que acuden al mercado inmobiliario tengan la certeza de que están trabajando con profesionales que tienen una gran formación o seguros de responsabilidad civil.
Por tanto, desde los colegios estamos intentando que esa regulación no sea una reserva de actividad, sino que velen por la seguridad jurídica de los operadores y que se el marco propicio para que se cumplan los derechos y la protección de los usuarios.
