La alcaldesa de Algar, María José Villagrán (PSOE), espera sentencia por un presunto delito de acoso laboral contra un ex funcionario del Ayuntamiento tras ser juzgada el martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez.

Además de la regidora han sido juzgados por el mismo delito los ex concejales socialistas durante su gobierno de 2011-2015 Teresa Tinajero y Adrián Gutiérrez. La Fiscalía pide para los tres acusados un año de cárcel y una indemnización de 3.000 euros mientras que la acusación del demandante solicita dos años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros.

La alcaldesa de Algar volvió ayer a negar los hechos a este periódico como hiciera el martes ante la jueza que instruye esta causa, argumentando que en "ningún momento" al trabajador se le impidió el desarrollo normal de sus funciones en la institución municipal.

Este funcionario denunció en su día al Consistorio por una reclamación de salarios. En 2010, este trabajador (alguacil) realizó funciones de secretario interventor del Ayuntamiento cuando gobernaba el PA y reclamó por la vía judicial esos pagos por ese trabajo. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo durante el primer gobierno de María José Villagrán, que pagó en febrero de 2014 el montante reclamado.

Pero la cosa se agrió tras unos acontecimientos en el Consistorio de Algar desde enero de 2014 cuando se produjeron una serie de sabotajes en las dependencias municipales que desencadenaron en cortes de cables de ordenadores, de servidores de internet, de anónimos hacia la persona de uno de los concejales inculpados y el robo de tres móviles. Este periódico ha podido saber que los anónimos se produjeron hasta septiembre de ese mismo año. Una situación que el propio Consistorio puso en conocimiento de la Guardia Civil, cursando una denuncia que motivó la apertura de una investigación, por la que declararon trabajadores de la institución municipal.

Finalmente, al ex funcionario se le acusó de estar detrás de estos hechos pero, tras un juicio, se defendió y quedó finalmente absuelto de estos sabotajes.

Ahora este denunciante, que tiene una baja laboral por incapacidad permanente desde 2014, ha sentado en el banquillo a la regidora socialista y a dos de sus ex ediles de la anterior Corporación por un presunto delito de acoso laboral ocurrido durante ese tiempo. "Mi gobierno no acusó a nadie de sabotaje. Se puso en conocimiento de la Guardia Civil. A este funcionario no se le impidió trabajar, ni se le quitó ninguna herramienta de trabajo como se dice", se defiende la alcaldesa de Algar, que no quiso profundizar más en estas cuestiones "porque quiero ser respetuosa y no pronunciarme hasta que no haya una sentencia firme", alegó.

El de Algar no es el único caso que ha saltado a la palestra por acoso laboral. En Arcos, el ex concejal de Urbanismo del PSOE Joaquín Macías ha sido recientemente condenado por este delito contra un arquitecto municipal, un fallo judicial que le ha llevado a dimitir de su cargo en la ejecutiva provincial socialista y a darse de baja como militante.