Diario Cofrade

Peligra la magna de Cádiz a nueve días de su celebración

  • La previsible falta de policías locales pone en riesgo el desarrollo de la procesión extraordinaria del sábado 17

  • El Consejo de Hermandades media con los sindicatos para que reconsideren sus posiciones

Policías en la salida de la cofradía de Sentencia en la Semana Santa de Cádiz 2022

Policías en la salida de la cofradía de Sentencia en la Semana Santa de Cádiz 2022 / Jesús Marín

Todo está listo en las 18 hermandades que van a tener implicación en la procesión magna del próximo 17 de septiembre. El evento se difunde desde hace semanas más allá de las fronteras de la ciudad, siendo enorme la expectación y repercusión que este tipo de actos cofradieros viene generando en los últimos tiempos; la procesión, de hecho, ha sido presentada estos últimos días en Sevilla y en Jerez, dos de los grandes focos cofrades de Andalucía. Los pasos de misterio participantes empiezan a llegar a sus respectivas sedes canónicas para proceder a los montajes de imágenes, candelabros, velas, flores y demás elementos. Pero a escasos nueve días, la celebración de la magna corre serio peligro.

El evento extraordinario con el que las cofradías conmemorarán el tercer centenario del inicio de la construcción de la Catedral está en el aire a día de hoy, debido a la más que probable falta de los policías locales necesarios para garantizar el normal desarrollo de un evento que reunirá en el casco histórico a miles de personas y que expandirá por las calles de toda la ciudad cortejos, pasos y público.

El conflicto laboral que mantiene la plantilla de la Policía Local con el equipo de gobierno del Ayuntamiento es el motivo que tiene actualmente en vilo la celebración de la magna. Y es que como medida de presión, ya anunciada hace meses por los sindicatos policiales, los agentes están declinando la prestación de servicios extraordinarios, que en el actual régimen laboral de la plantilla son de carácter voluntario.

De este modo, la Policía Local no contaría con efectivos suficientes para garantizar el servicio que requiere un evento extraordinario de esta índole, con 17 cofradías recorriendo las calles de la ciudad y miles de personas en la calle, en un alto porcentaje llegadas de otras localidades de la provincia y de Andalucía.

En el Consejo de Hermandades son plenamente conscientes de este difícil escenario, y por ello han llegado a pedir a los sindicatos policiales que reconsideren sus posiciones y sus movilizaciones contra el Ayuntamiento ante la magna del día 17, después de haber mantenido ya reuniones con responsables policiales.

Llama la atención que ante esta situación que no es nueva de conflicto entre la plantilla de Policía Local y el gobierno municipal, hayan sido finalmente los responsables del Consejo de Hermandades y no el alcalde o los concejales (especialmente el responsable de Policía Local, Demetrio Quirós) los que hayan mantenido algún tipo de contacto con los sindicatos para evitar la posible suspensión de la procesión magna.

Desde el Consejo se ha trasladado a los trabajadores de este cuerpo local de seguridad las graves consecuencias que tendría la no celebración de la magna a estas alturas del calendario. En primer lugar, consecuencias para las propias hermandades, que ya han suscrito todos los contratos de servicios vinculados a la procesión del día 17 y los traslados a la Catedral del 15 y el 16. Suministro de cera y flores, contratos con las formaciones musicales y los pertinentes seguros de responsabilidad civil y de accidentes serían los principales gastos vinculados a cada hermandad; como gastos notables ha asumido ya también el propio Consejo. Y frente a este capítulo, el único ingreso que percibirán las cofradías -el de la venta de sillas en la carrera oficial habilitada entre Catedral y San Agustín- se perdería en caso de suspensión al tener que devolver el importe a los usuarios.

A estos serios problemas se une, en otro plano, el de la imagen de una ciudad que después de anunciar desde hace meses este evento se viera obligada, en última instancia, a suspenderlo ante la incapacidad de solucionar el conflicto policial que arrastra años de movilizaciones, propuestas en saco roto y falta de entendimiento entre la plantilla y el gobierno de José María González.

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