San Fernando

La tragedia persigue a Jonathan

  • El joven denuncia al bufete al que acudió por una negligencia médica en la muerte de su padre 

  • "He pagado desde agosto, me han dado largas y el caso ya estaba prescrito", cuenta

Jonathan Aleu muestra una copia del informe pericial del caso. Jonathan Aleu muestra una copia del informe pericial del caso.

Jonathan Aleu muestra una copia del informe pericial del caso. / Román Ríos (San Fernando)

En 2015 Jonathan Aleu perdió a su padre. Unos dolores le llevaron al Hospital Puerta del Mar donde lo atendieron primero en urgencias y luego lo operaron para volver a ajustarle los tornillos que tenía en las vértebras que se habían aflojado. "Se fue poniendo peor poco a poco, pero no nos informaron y falleció", resume este joven isleño que aún no ha superado lo acontecido.

Aunque entonces puso una denuncia, la autopsia no reveló nada. No se conformó y el pasado verano, cuando comenzó a trabajar con uno de los planes de empleo en el Ayuntamiento, decidió pedir un préstamo y poner el caso en manos de abogados. Ahora, tras abonar hasta 3.300 euros y comprobar que no había habido ninguna diligencia judicial por parte del bufete, lo ha denunciado ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando.

“Contacté con otro bufete de Cádiz y les expuse la situación. Primero me dijeron que no había ninguna actuación judicial y después que el caso había prescrito”, explica Aleu. Para solicitar una indemnización por negligencia médica solo hubiera tenido un año, tiempo en el que prescribe este tipo de casos. "En ningún momento hasta esta mañana –exponía el jueves– me habían planteado otra alternativa, la vía penal. Ahora se escudan en eso", apunta sobre la posibilidad de considerar el tema un homicidio imprudente grave, que prescribe a los cuatro años, y que es la propuesta que ahora hace el bufete, Soluciones de la Abogacía CYM, de Coín (Málaga). "Vi un anuncio en Facebook y me puse en contacto. Me remitieron a uno de los abogados, que quedó conmigo en Rota aprovechando que estaba de vacaciones por aquí", detalla el isleño sobre las circunstancias que le llevaron a este despacho.

El presupuesto que le dieron era de 2.800 euros por el informe pericial, 2.200 euros de emolumentos, más un 10% de la indemnización. Jonathan hizo un primer ingreso de 3.000 euros y quedó en pagar mes a mes 100 euros. "Pagué esa cantidad noviembre, diciembre y enero, pero viendo que pasaban los meses y no me decían nada paré", comenta. "Desconfío porque no me atienden. No me responde a los mensajes que dejo cuando llamo al despacho, ni tiene encendidos los móviles. Solo alguna vez me devuelve las llamadas, pero no me enseña ningún documento de que haya actuado. Me da largas", sostiene enfadado.

Por eso decide acudir a otro bufete que le advierte de la situación real. "El anterior abogado dijo que no había problemas en retomar la vía de la negligencia médica porque el caso está abierto por la demanda de la segunda mujer de mi padre, pero sin su consentimiento no es posible y por eso han planteado ahora la vía penal, para no verse pillados", se indigna Jonathan, que ha puesto el asunto en conocimiento de la Policía Nacional.

La segunda sorpresa se la encontró al hablar con la perito. "De los 2.800 euros que me cobraron a mí por esto, a ella solo le pagaron 800 euros", señala Aleu. Esa cantidad, puntualiza, se ha visto aumentada al pedir ella explicaciones y buscar el abogado una solución.

"Yo solo quería saber qué le había pasado

El bufete niega irregularidades y asegura que no hay trámites porque no se había tomado ninguna decisión sobre el camino a seguir

a mi padre. Y se ha aprovechado de esta situación. Ya he visto en internet comentarios negativos de otras personas, con las que han actuado de forma parecida", lamenta el denunciante, que pone como pruebas todos los comprobantes de pago, el presupuesto que recibió, las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intercambiados.

Desde el bufete Soluciones de la Abogacía CYM aseguraron, tras ponerse en contacto con ellos este periódico, que todavía no conocían los términos de la denuncia. Rechazaban, eso sí, que hubiera nada irregular en el caso y rebaten cuestión a cuestión las críticas.

Jonathan Aleu ha puesto una denuncia ante la Comisaría de Policía de San Fernando

Según sus explicaciones, al cliente se le había informado de la viabilidad de la operación y de lo que era más conveniente hacer, algo que, aseguran, Jonatan Aleu rechazó. No hay actuación porque no había una decisión sobre el procedimiento a seguir, continúan. Primero había que esperar a la pericial y sus conclusiones, y de ellas el bufete sacaba la posibilidad de ir por la vía penal, como homicidio imprudente grave. "Consideramos que hay plazo hasta septiembre para denunciar y que no ha prescrito", aclaran sobre las circunstancias de la prescripción a las que alude Aleu y el bufete de abogados al que este consultó en segunda instancia.

En cuanto al coste del trabajo pericial, entienden que se trata de una cuestión interna con la perito. En el caso de diferencias, es un tema entre ambas partes que no repercute en el cliente. Según las explicaciones, con esta profesional acordaron el pago de 1.800 euros y la diferencia con los 2.800 que cobraron a Aleu responde a gastos por desplazamiento y al coste del estudio de la operación. Más allá de eso, sostienen, no se le ha cobrado ninguna cantidad por horario letrado porque el total de lo abonado por el denunciante es la cantidad fijada por la pericial más IVA. "Tendría que abonar 88 euros para cubrir el coste", puntualizan.

"No sé por qué no se ponen en contacto conmigo para solucionarlo. Yo solo quiero que me devuelven mi dinero", finaliza Jonathan, que al menos sabe que su padre murió como consecuencia, según la pericial, “del Nolotil que le suministraron en Urgencias y del derivado de este medicamento que le pusieron en quirófano, cuando era alérgico".

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