Toda la Corporación Municipal dio su apoyo en el pleno a la moción del Partido Popular (PP) contra la tasa consorcial. A pesar de las discrepancias, y de la posición de que cada grupo en torno a este impuesto y su gestión, oposición y gobierno se mostraron de acuerdo en que el Ayuntamiento realizara los trámites administrativos para suprimir la nueva tasa, en informar a los vecinos de cómo se va a pagar, desautorizando la carta del presidente del Consorcio que están recibiendo los vecinos, en que el gobierno municipal valore la salida de este organismo y en que hagan los trámites para asumir el coste hasta 2019.

"Porque con todos los puntos que incluyen parece que han copiados todos los pasos que ha dado este equipo de gobierno desde noviembre hasta el día de hoy", matizaba el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, sobre su respaldo a la propuesta popular.

En su intervención José Loaiza había cuestionado que a pesar de que la alcaldesa había asegurado que se había dado traslado para paralizar la tasa las notificaciones de nuevo habían comenzado a llegar en marzo, junto a una carta que anuncia el cobro de los siguientes dos ejercicios, 2018 y 2019, en el segundo semestre de este año. "El vecino vuelve a tener incertidumbre", advirtió, porque el ciudadano no sabe cómo actuar ante estos avisos. Fue algo que repitieron otros concejales a la hora de dar su opinión. La concejala no adscrita, Inmaculada López, lamentaba los vaivenes del gobierno municipal, que hacen que los vecinos no se enteren de qué tienen que hacer. Por eso tanto Loaiza como López y el portavoz de Sí se puede, Ernesto Díaz, reclamaron que el equipo de gobierno lo explique con claridad.

La edil no adscrita y el concejal andalucista Fran Romero también se refirieron a la "mala gestión" de esta tasa por parte del Consorcio y el Servicio de Recaudación, "lamentable", según el primer teniente de alcaldesa. "Los ciudadanos no tiene que pagar los platos rotos", defendía López. "Hay que tomar medidas para que no se perjudique al ciudadano", abundaba Romero. "El servicio tiene que pagarse, sí, pero hay un acuerdo para que se haga cargo el Ayuntamiento", añadía la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas. "El cobro es una burrada, porque quieren hacerlo además con carácter retroactivo", expresó gráficamente Díaz. "El Ayuntamiento debe asumirlo con los presupuestos", insistió Loaiza.

El ciudadano no sabe cómo actuar con las notificaciones que está recibiendo

Desde el gobierno municipal se dejó claro que esa era su intención, a pesar de que el Consorcio no haya atendido su petición, por lo que se ha vuelto a reiterar. La opción de que los ciudadanos paguen la tasa pero se le compense con una reducción de la tasa de la basura se plantea, explicó Conrado Rodríguez, como una alternativa si el Consorcio y el Servicio de Recaudación siguen adelante.

En ese sentido, el líder popular reclamó que el gobierno municipal explicara cómo plantea esa compensación al ciudadano. "¿Hay un informe jurídico sobre eso?", preguntó. También recriminó al equipo de gobierno que se dijera al vecino que recurra las notificaciones. "Si un vecino me viene yo le digo que pague, porque si no te embargan", incidió.

Loaiza se defendió de las críticas del gobierno y de la oposición, que le recordaron que la tasa se aprobó con él como alcalde. Rodríguez aportó fechas: el 16 de mayo de 2014 la junta de gobierno local aprueba la adhesión a la tasa; el 13 de marzo de 2015 el alcalde ratifica la decisión del 19 de diciembre de 2014 de implementar el sistema de financiación del servicio a través de una cuota al ciudadano. Mas apuntó que no aplicó la tasa en 2015 por la cercanía de las elecciones municipales. El dirigente del PP rechazó estas acusaciones: "No hay ningún papel hasta 2017 que diga que paguen los ciudadanos". La última palabra en el punto la tuvo la alcaldesa, Patricia Cavada, que afirmó que acordar una tasa es acordar que los ciudadanos paguen el servicio.