La sombra del robo es alargada

Pasaban las cuatro de la tarde de un soleado 1 de abril cuando efectivos de la brigada judicial de la Policía Nacional cruzaban las puertas de la Delegación Municipal de Economía y Hacienda para detener a los dos funcionarios responsables del dinero de caja. Dos horas antes, una denuncia de los servicios municipales había alertado a los efectivos policiales de la desaparición de 468.000 euros de esta caja entre los meses de enero y marzo que a la postre resultarían ser 7,8 millones desaparecidos desde 2004. Se escribía así la primera página de la noticia que alteraría el curso de la realidad isleña en todos los aspectos y cuyas repercusiones aún no han terminado de calibrarse, un año después. Se cumple así hoy el primer aniversario de un desgraciado suceso todavía sin final en el horizonte, en el que las incógnitas, a pesar de la apertura del sumario el 4 de diciembre, siguen siendo más numerosas que las respuestas.

Ésta es la radiografía actual de la situación. De los dos funcionarios detenidos entonces, uno de ellos, Clemente Ruiz García, se encuentra en la prisión de Puerto II desde el pasado 4 de noviembre. La otra, María José Lebrero de Celis, sigue en libertad con cargos. Ambos, suspendidos de sus funciones desde el mismo momento en que se produjo su arresto, denunciaron esta suspensión ante los juzgados. Fue tan sólo unas semanas atrás cuando precisamente Clemente Ruiz salía de prisión para testificar en este proceso, en el que también, por orden del juez, tuvieron que dar testimonio el interventor y la tesorera. Sobre el hecho de que ellos, interventor y tesorera, continúen en sus puestos de trabajo ejerciendo sus funciones -a pesar de ser los inmediatos superiores responsables del estado de las cuentas y a pesar de habérsele, como mínimo, pasado la desaparición de este dinero- siguen cerniéndose todo tipo de críticas. De esta circunstancia se ha acusado directamente al alcalde, Manuel María de Bernardo, quien una y otra vez se ha excusado en el hecho de que se tratan de funcionarios del Estado y sólo el Estado puede apartarlos de su cargo.

El proceso judicial sobre el suceso abierto en la misma tarde del 1 de abril sigue a día de hoy en el proceso de diligencias previas, o lo que es lo mismo, de recabado de datos y toma de testimonios que van engrosando un sumario que, cuando fue abierto en diciembre ya tenía 1.093 folios repartidos en cinco tomos. En él se recogieron testimonios del personal que trabajaba en la Delegación de Hacienda, unos testimonios en los que se evidenciaban contradicciones acerca de quien hacía qué en ese servicio. También se revelaban datos sobre el estado de las cuentas del único detenido y se constataba la existencia de una relación comercial y personal del mismo y sus familiares con un grupo de marroquíes. Se recogían además varios informes entre los cuales, el policial, resultaba tajante al afirmar que un mayor control hubiera evitado la persistencia en la desaparición del dinero.

En cuanto a las repercusiones políticas, el grado de tensión ha descendido en los últimos meses, alimentado especialmente por la ausencia pública de nuevos datos -ni siquiera se avista la proximidad de un juicio- y por el peso de la conmemoración del Bicentenario en La Isla, una celebración que, no obstante y tal como ha reconocido el propio primer edil andalucista, ha quedado ensombrecida por los hechos. El pacto de gobierno entre la formación nacionalista y los populares, que en un primer momento se tambaleó, se mantiene estable, a pesar de los cambios en el PP, con la marcha su responsable, Carmen Pedemonte, a la política autonómica y el ascenso del nuevo portavoz, Daniel Nieto. Fue él quien, en declaraciones del pleno de abril de 2009, condicionó la continuidad del pacto a la resolución de la trama. Pero quizá la ruptura natural pre-electoral llegue antes que la resolución judicial.