El viernes el Pleno aprobará la reserva de suelo de los polvorines de Fadricas, que incluye además unos 50.000 metros cuadrados en la Casería Norte repartidos en unas 40 fincas. Sus propietarios, en torno al centenar de personas, advierten que acudirán a la sesión por verse afectados por esta actuación del Gobierno municipal, haciéndolos "rehenes en su particular guerra con el Ministerio de Defensa y con la Junta de Andalucía", critican.

Las quejas parten del hecho de que los terrenos en cuestión están catalogados como suelo rural, destinados, por tanto, a la actividad agropecuaria. Eso los perjudica, a su juicio, gravemente, ya que el precio del metro cuadrado de sus propiedades alcanzaría un máximo de sólo 12 euros el metro cuadrado: "Por ese dinero el Ayuntamiento puede quedarse con nuestros terrenos, cuando a pocos metros se ha calificado como urbano no consolidado". Una calificación más acorde, reconocen, con la realidad de la zona, que se encuentra dentro de las redes esenciales de la ciudad.

La aprobación del proyecto implica el derecho de tanteo o retracto por el Ayuntamiento isleño a cualquier enajenación y venta. Esto significa que debe ser informado si alguno de los propietarios quiere vender su casa o terreno para optar a adquirirlos antes o después de la compraventa. "Después del 26 [del pleno del viernes] el Ayuntamiento va a tener un control estrecho de las trasmisiones que realicemos de nuestras propiedades", advierten en un comunicado. Consideran, por tanto, que la negociación de un posible convenio se realizaría bajo la amenaza de expropiación.

La reserva, insiste el colectivo, permitirá que el Ayuntamiento inscriba en el Registro de la Propiedad sus derechos sobre estas pequeñas propiedades, lo que supone "una devaluación" de los terrenos, en los que para algunos se ubican sus viviendas habituales, a precios de vivienda de protección oficial. "Eso si no deciden expropiarlos antes a precio de saldo", puntualizan. Algo que se contrapone a los compromisos del alcalde, Manuel de Bernardo, de respetar la edificabilidad del 0,42 del convenio que se negoció en 2004 con Urbanismo. Y recuerdan las palabras del regidor: "Yo les digo como alcalde que conserven sus propiedades, que no se aventuren a regalar sus propiedades al primero que venga". Por eso, anuncian que si no cumple su palabra, que si pretende obtener a saldo sus parcelas, "tendrá que pasar con las excavadoras por encima de cientos de isleños".

Para los afectados por la delimitación de suelo la actitud del alcalde responde a su "guerra particular con el Ministerio de Defensa y con la Junta de Andalucía". "Y sigue utilizando a sus conciudadanos como rehenes". También critican que Carmen Pedemonte, la delegada de Urbanismo, "mire para otro lado", sin defender el compromiso que adquirió con el grupo en las pasadas elecciones municipales.

A ambos les advierten que van a pelear públicamente "y en los juzgados" para defender sus casas y propiedades.