Los beneficiarios del Decreto de Exclusión Social de la Junta de Andalucía que serán contratados por el Ayuntamiento isleño en próximas fechas serán finalmente 176 personas, después de que desde la Administración local se haya decidido dar prioridad a la duración del empleo frente a la contratación de un mayor número de personas.

En torno a 300 desempleados han compuesto el reducido grupo analizado finalmente por los técnicos municipales para establecer si cumplían completamente los requisitos y posteriormente realizar la baremación final que fijará quiénes tendrán esta oportunidad y quiénes se quedarán en lista de espera (en un orden de prioridad). De la fecha en que se publicará esta lista de admitidos no quisieron ni la delegada del Área general de Familia, María José de Alba, ni la delegada de Dirección de Personas, Úrsula Ruiz, adelantar nada, ante posibles retrasos que pudieron producirse en la fecha que por ahora se baraja. En cualquier caso, en principio, la intención es que el listado se conozcan en torno a mediados de este mes.

Ambas ediles respondían a las manifestaciones de la portavoz del PSOE, Patricia Cavada, que cuestionaba la actuación del Gobierno municipal en este asunto, al no haber realizado ya las contrataciones cuando el plazo para poder recibir los 528.000 euros que corresponden a la localidad expira el 4 de noviembre. "No entendemos por qué habla de retraso. ¿En qué? No encontramos la razón. Lo único que hace es jugar con un tema tan terrible como es el paro. Será que no le pone cara porque ella no está en la ciudad mucho tiempo", criticó De Alba, que negó además una "improvisación" en los pasos dados por el Ayuntamiento. De hecho recordó el proceso seguido desde que se aprobara el Decreto el pasado 6 de mayo.

Dos días después, apuntó, comenzaron a reunirse con los jefes de áreas para tener claro cómo actuar y se decidió qué delegación tendría a su cargo esta tarea, en qué espacio se iba a atender a los ciudadanos y qué documentación se iba a solicitar. Se destinó para el tema administrativo a un equipo formado por un administrativo, ocho auxiliares y tres trabajadores sociales, que más tarde se ha ampliado con cinco trabajadores sociales. A partir de julio comenzaron los distintos plazos para recoger y entregar solicitudes. "Hemos pedido aquella documentación a otras dependencias municipales que fuera necesarias. Incluso facilitamos el trabajo a la oficina del Servicio Andaluz del Empleo que para evitar un colapso nos pidió que una vez tuviéramos los posibles beneficiarios les remitiéramos un listado con los documentos que debían entregarnos", comentó la delegada de Familia. Eso fue en agosto, pero no la recibieron, añadió, hasta mediados de septiembre.

A lo largo de todo este trámite se ha ido reduciendo el número de posibles beneficiarios, principalmente porque no cumplían los requisitos. Así de los casi 1.000 que retiraron solicitudes y las entregaron se bajó a 600 que parecían cumplir los criterios. Esa cantidad se ha quedado después, según apuntó Úrsula Ruiz, en torno a 300 personas, y finalmente serán contratados 176 desempleados con un periodo medio de tres meses -el máximo que marca el decreto-. "Se ha estudiado y hemos decidido que era mejor porque así podía darse una continuidad en la tarea que vayan a realizar", señaló la responsable de Dirección de Personas, que lamentó que la dirigente socialista "se aproveche de la desesperación de las familias, de manera carroñera", y hable de un asunto del que podría haberse informado en el propio decreto, en la web municipal y en las distintas delegaciones, incluso en la memoria que la Administración local presentó para poderse acoger al decreto en la que se exponen los trabajos que desarrollarán.

Las áreas de Desarrollo de la Ciudad, con Vías y Obras, y Sostenibilidad Ambiental, con labores de limpieza y mantenimiento de jardines, junto a trabajos vinculado a Deportes acogerán a los próximos contratados. Cada una de ellas hizo una estimación de sus necesidades, de las posibles tareas que podían desempeñar y ya será Dirección de Personas la que establezca el número de trabajadores que tendrán a su disposición.

Una última crítica a Cavada venía a colación del dinero para esta actuación: "Habla de ese dinero cuando la Junta ha dejado de dar al Ayuntamiento un millón de euros de las participaciones en su presupuesto. Pero es que además nos va a costar dinero: por el material de protección que tendrán que usar, por los traslados para que realicen las tareas, por el personal que se ha tenido que destinar para que se realizara toda la tramitación o por los reconocimientos médicos previos que deben pasar".