El área municipal de Sostenibilidad Ambiental tiene bastante avanzados los pliegos de condiciones para sacar a concurso las nuevas plicas de los servicios de limpieza viaria y recogida selectiva por un importe superior a los seis millones de euros.

La rescisión del contrato con la actual adjudicataria, la empresa Urbaser, tres meses después de que fuera anunciada por el delegado general del área, el concejal andalucista Francisco J. Romero, parece ya un hecho irreversible.

Hasta el alcalde, José Loaiza, que en su momento -y en contra de la opinión de su socio de gobierno- llegó a plantear un posible acuerdo con la concesionaria del servicio ahondando en la brecha que separa a ambas formaciones, reconoció el pasado martes que el Ayuntamiento ha dado pasos en firme para la rescisión definitiva del contrato y que se trabajaba ya en los nuevos pliegos de condiciones para su licitación.

La intención del equipo de gobierno -admitió- es sacar a concurso ambas plicas: la de la limpieza viaria y recogida de basura y la de la recogida selectiva de residuos. Llegar a un acuerdo con la concesionaria que evite la ruptura definitiva del contrato resulta bastante complicado a estas alturas, reconoció. Aunque tampoco es imposible.

De hecho, el regidor volvió a afirmar que antes de sacar las plicas a licitación espera mantener un encuentro formal con responsables de Urbaser en las próximas semanas para escuchar lo que tienen que decir. De dicha reunión, no obstante, se habla desde febrero sin que todavía se haya producido.

El delegado de Sostenibilidad, el primer teniente de alcalde, Francisco J. Romero, afirmó igualmente que la redacción de los pliegos de condiciones está prácticamente acabada y que espera que los trámites administrativos correspondientes puedan completarse en un corto periodo de tiempo para solventar de una vez esta anómala situación.

La decisión de rescindir el contrato fue anunciada hace tres meses a causa del incumplimiento reiterado de la plica por parte de la concesionaria, la acumulación de irregularidades e, incluso, por la utilización de recursos municipales (personal y vehículos) para la ejecución de contratos privados. Todo ello se acreditaba en sendos voluminosos informes redactados por técnicos municipales (uno relativo a la limpieza y otro a la recogida selectiva) en los que se daba cuenta de los expedientes administrativos abiertos a la concesionaria desde el pasado diciembre.

Colectivos ciudadanos, asociaciones de vecinos y partidos políticos aplaudieron la medida ante la reiterada denuncia del estado de suciedad generalizada que presentaban las calles y las numerosas carencias del servicio. Lo ocurrido en la pasada campaña de Reyes -en la que los restos de embalaje permanecieron arrojados junto a los contenedores de basura durante varios días a pesar de que incluso se había anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial- había desatado especialmente la indignación de numerosos isleños.

Sin embargo, el Ayuntamiento no se ha dado ninguna prisa para rescindir el contrato y sacar a concurso las nuevas plicas. Y ello se ha debido en gran medida a la diferencia de opinión entre PA y PP, que se ha evidenciado en una postura titubeante del Gobierno municipal. Así, mientras una parte -la andalucista- hablaba de la ruptura con la empresa; la otra, la de los populares, abogaba en sus declaraciones por el diálogo y una posible solución que contentara a todas las partes. De hecho, esta misma semana, Loaiza insistía en una reunión pendiente con responsables de la concesionaria.

Con todo, en este tiempo, se ha avanzado en el procedimiento administrativo para la rescisión del contrato y en la redacción de los nuevos pliegos de condiciones. En el pleno ordinario que la Corporación Municipal celebró el pasado viernes se dio cuenta dentro del balance trimestral de ejecución de los presupuestos de un informe del interventor en el que se hablaba del proceso de rescisión del contrato con Urbaser y se refería al techo de gasto que las nuevas plicas tendrán que respetar y que se debe atener a los acuerdos plenarios de marzo de 2012, los estipulados por el plan de ajuste. Es decir, algo más de seis millones de euros para ambos contratos.