La adjudicataria de las obras del estadio de San Fernando asegura que no firmó “porque se le impuso unas condiciones contrarias a las ofertadas”

San Fernando/La UTE adjudicataria de las obras del nuevo estadio de fútbol previsto en Bahía Sur -integrada por Vilor Infraestructuras SL y Trafisa Construcción y Medioambiente SA- asegura que en ningún momento desistió de la adjudicación de estos trabajos ni retiró la oferta presentada en su día. Esta unión temporal de empresas explica que su oposición a firmar el contrato con el Ayuntamiento nace de “una serie de circunstancias contrarias al procedimiento legalmente establecido, contrarias a derecho y contrarias al principio de buena fe, eficacia y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que debe regir en las actuaciones de las administraciones públicas”. Así lo expresa la UTE en sus alegaciones a la firma del contrato de las obras de este estadio, unas alegaciones que se presentaron hasta tres veces, con fechas de 25 de febrero, 7 de marzo y 11 de marzo.

En ellas la adjudicataria afirma que se trata de un contrato redactado en fraude de Ley y con cuyo clausulado se pretendía que la UTE “asumiera, por la vía de la imposición, unas condiciones contrarias a las ofertadas, a las licitadas y a las que rigieron las bases del concurso”. Las alegaciones indican que esta situación “en modo alguno supone un desistimiento de la adjudicación, sino un rechazo a que se le impongan unas condiciones contrarias a las ofertadas”.

Por otro lado, en este documento la adjudicataria se refiere a la existencia de múltiples vicios y defectos en el proyecto que “una administración diligente habría tenido que prever y comprobar” y para justificar dicha obligación echa mano de diverso ordenamiento jurídico que, en teoría, se estaría incumpliendo. Esta unión temporal de empresas califica al del estadio como “un proyecto absolutamente fallido, incompleto y con reiteradas omisiones e indefiniciones, cuyas consecuencias, se pretenden por parte de la administración contratante, que sean asumidas por el licitador”.

La UTE indica que, una vez se le requirió el pasado 7 de marzo para proceder a la firma del contrato, no se explicó ni comunicó nada por parte del Ayuntamiento respecto a una supuesta modificación del contrato propuesto, algo de lo que la adjudicataria afirma se enteró por la prensa.

Un proyecto con problemas

A tenor de todo esto la adjudicataria examinó con más detenimiento el proyecto de ejecución del estadio, encontrando numerosos problemas que “impiden que la obra se ejecute con normalidad por este o por otro contratista”.

Este listado, recogido en las alegaciones, lo inicia unos rellenos y elementos estructurales bajo el graderío actual no reflejados en el proyecto de licitación, que modifican sustancialmente los procesos constructivos de demolición y suponen la aparición de obras nuevas.

La UTE recuerda que si bien el proyecto prescribe la demolición del fondo norte, actualmente hay zonas que se encuentran en uso y alojan equipos de instalaciones que dan servicio al pabellón colindante, por lo que dichas demoliciones son inviables y afectan a todos los trabajos, procesos constructivos y definiciones previstas para ese ámbito.

Mención aparte merecen las cimentaciones, la adjudicataria explica que, tras revisar que las indicaciones del estudio geotécnico no se correspondían con las obras reflejadas en el presupuesto de proyecto, se contactó con un ingeniero especialista que concluyó que se incumplían diversos aspectos técnicos de obligado cumplimiento. En este sentido, la UTE se reafirma en que “no ejecutará una cimentación destinada a sostener una estructura que albergará a miles de personas, a sabiendas que no cumple con los cálculos ni se adapta a normativa”.

En cuanto a la gestión de residuos, la UTE asegura que hay multitud de omisiones, contradicciones y errores, que afectan a las propias gradas, los asientos, el tartán o los transporte. “El desajuste presupuestario en estas actuaciones es simplemente desorbitado”, señala la adjudicataria, que detalla que estas son sólo algunas de las incidencias detectadas en el proyecto.

“Si bien la UTE está trabajando en una supervisión más exhaustiva y completa, basta con los puntos anteriores para concluir que el proyecto requiere de una revisión que lo adecue a normativa y a la realidad de las obras a ejecutar”, concluyen las alegaciones.