Urbanismo expide la licencia de primera ocupación a las torres de La Casería

La Gerencia Municipal de Urbanismo concedió el pasado 28 de agosto la licencia de primera ocupación a las torres de La Casería, levantadas por la promotora Arenal 2000. Así lo anunciaba ayer el portavoz del PSOE local, Fernando López Gil, quien se encargaba además de denunciar esta decisión teniendo en cuenta que el futuro de tan polémica construcción sigue dependiendo de la resolución de un proceso judicial que continúa abierto.

De hecho, fue el pasado mes de abril cuando Arenal solicitó este documento, gracias al cual los 150 pisos de lujo que se reparten entre estas tres torres podrán definitivamente ocuparse. Ya en esa fecha los socialistas advirtieron del peligro que entrañaría esta posibilidad, ya que significaría -tal como podría haber pasado en el caso de las viviendas de Provigades- que los propietarios tuvieran que desalojar sus casas en caso de que judicialmente se decretara su demolición.

Porque, efectivamente, el proceso continúa abierto, y el último paso conocido es una sentencia del 10 de diciembre del año pasado dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Cádiz en la que se insta a la revisión de la licencia de obra concedida a la constructora de las torres de tal manera que invalida la aplicación de un decreto de Alcaldía en el que se rechazaba la revisión de oficio solicitada por la Junta.

Pero, yendo un paso más lejos, la sentencia ni siquiera se cuestiona la legalidad o no de la construcción. De esta decisión, advierte, es responsable el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que aún no se ha pronunciado al respecto. Por tanto el caso sigue siendo una incertidumbre. "Si los informes emitidos finalmente son negativos, el desarrollo urbanístico de la franja litoral de La Casería se considerará ilegal y tendrá que desaparecer", apunta.

La postura municipal correcta, la de la Gerencia de Urbanismo en particular y del propio Ayuntamiento en general -"si es que realmente se quieren hacer prevalecer los derechos de la ciudadanía"-, comenta el edil socialista, pasa por derogar la concesión de la licencia de primera ocupación hasta una vez esté resuelto el conflicto y, por tanto, tras conocer el veredicto final de la justicia.La situación actual, a juicio del líder socialista, debería haber sido informada por el equipo de gobierno, a través de los mecanismos municipales, a los ciudadanos interesados en la adquisición de alguna de estas viviendas. "Si finalmente las torres se declarasen ilegales los compradores tendrían unas casas que se tirarían y una hipoteca que pagar, siendo el Consistorio corresponsable de la situación generada", declara.

Una vez que el Ayuntamiento haya concedido la licencia de primera ocupación, el PSOE asegura que procederá "con todas las consecuencias sobre quienes lo permitan porque sabe también que no debe, aunque pueda, conceder ninguna licencia hasta que el asunto quede totalmente resuelto por los tribunales".

El portavoz socialista llamó por último la atención también sobre la actitud que en este asunto están manteniendo los concejales del Partido Popular (PP), precisamente responsables directos del área de Urbanismo. En concreto, se dirigió a la primera teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Carmen Pedemonte y al delegado de Planeamiento, Pascual Junquera. "La decisión adoptada podría poner en peligro la inversión de aquellas familias que adquiriesen algunas de esta viviendas", señala. Por eso, desde el grupo socialista les instan a que ambos colaboren en el cumplimiento de la legalidad, deroguen la concesión de la licencia de primera ocupación "y no perjudiquen con su actitud a los posibles compradores", concluye.