El sindicato de Policía Local Independiente (Spli) denuncia la contratación en San Fernando de los servicios de una empresa de seguridad privada para realizar servicios propios de la Policía Local, en concreto la vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante.

Los representantes sindicales explican la "sorpresa" de los policías encargados de las vigilancia del mercadillo de La Magdalena al comprobar las aparición los dos últimos jueves de vigilantes de una empresa de seguridad privada para controlar el aforo de la clientela, personas consumidoras y usuarias ante las medidas para evitar la propagación del covid-19, aunque sin garantizar la obligación de intervenir como agentes de la autoridad o policía administrativa en la compra de prendas de vestir y otros artículos.

El Spli recuerda que existen sentencias en Andalucía que fallan contra los ayuntamientos que han llevado a efecto este tipo de contrataciones -caso de Carmona, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Almensilla, donde se tuvieron que suprimir estos servicios de vigilancia, por usurpación de funciones públicas, injusta y contraria a la ley-.

Para el sindicato el gobierno de PSOE y Ciudadanos (Cs) desarrolla una "política improvisada" y que "no es la más adecuada para la ciudadanía de La Isla". Se refiere al hecho de que contrate este tipo de servicio sin cumplir la legislación, tanto la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, y de la Ordenanza Reguladora del comercio ambulante en el término municipal de San Fernando. Mientras, lamentan, el gobierno se niega a negociación colectiva con los sindicatos y mantiene el déficit de plantilla policial al no cubrirse las vacantes producidas por jubilación y por las bajas médicas y confinamientos por el brote de contagios en la Jefatura de la Policía Local.