Profesionales de la Justicia defienden la importancia de los procuradores

Las últimas medidas que regulan la actividad judicial, como la Ley de Tasas o la próxima Ley de Servicios y Colegios Profesionales, han despertado el malestar de algunos de los colectivos profesionales vinculados al sector, que consideran que se está perjudicando seriamente la labor que desempeñan, pero también al ciudadano. Ayer procuradores de la provincia -son 250 en total, 17 en La Isla- se concentraban en los Juzgados para mostrar su preocupación por lo que supondrá la práctica eliminación de la incompatibilidad del ejercicio de abogado y de procurador, algo que los coloca en un situación de desamparo y que redundará negativamente en los ciudadanos. En sus quejas este colectivo está apoyado -y acompañado- por otros profesionales de la Justicia, como los abogados y los notarios. Ayer estaba también con ellos el Partido Andalucista (PA) que presentará en el próximo pleno una moción para que se inste al Ministerio de Economía a modificar el Anteproyecto de Ley para que se garanticen las competencias actuales de los procuradores.

"Para la profesión es muy malo, pero el ciudadano se va a ver seriamente afectado", aseguraba el decano del Colegio de Procuradores de Cádiz, José Eduardo Sánchez, que considera esta propuesta legislativa una regresión después de 30 años de evolución. El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales permite que los abogados puedan ostentar la representación legal en los procesos judiciales, algo contrario a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Junto a eso se elimina la remuneración de los procuradores a través de aranceles, apuntan los andalucistas en su propuesta para el pleno, bajo la justificación de "abaratar el proceso". Muy al contrario, defienden, los aranceles resultan una garantía para consumidores y usuarios puesto que los precios están moderados por el legislador.

La medida, critican, no supone un ahorro para la administración, puesto que las tareas de comunicación son asumidas por los procuradores de manera gratuita lo que sí supone, recordó Sánchez, un ahorro anual de 188 millones para la Administración, modelo que ha funcionado. En España, concretamente, los procuradores gestinan en torno a 50 millones de notificaciones anuales (28 en papel y 22 con el sistema Lexnet). De ellas, apuntaron, un millón y medio aproximadamente corresponde a la provincia de Cádiz.

No se entiende, con estos datos en la mano, que se postule un cambio, criticó el delegado en San Fernando del Colegio de Abogados de Cádiz, Antonio Moreno Sierra, que puso una metáfora para mostrar la importancia de los profesionales de la procura. La maquinaria de un reloj debe estar perfectamente engrasada para dar la hora en punto. En el caso de la Justicia cada colectivo es una de las piezas de ese engranaje y abogados y procuradores son las pequeñas. El resto, manifestó, las condicionan. "Pero sin estas piezas pequeñas no se da la hora en punto y desgraciadamente en España la Justicia va con retraso", reconoció. El procurador, insistió, es una pieza importante, un colaborador necesario con los abogados, en la administración de Justicia, que agiliza los procedimientos con su labor. Ahora con el Anteproyecto de Ley aprobado "se condena -lamentó el coordinador local del PA, Francisco José Romero- a una profesión imprescindible para que haya una Justicia eficaz". Por eso es, matizó Óscar Alonso García, vocal del Colegio de Procuradores, "un problema de la Justicia y del ciudadano".

También se pronunció en favor de la procura Lucía de la Fuente Quintana, en representación de los notarios de la ciudad, que defendió la especialización de los profesionales, con funciones definidas en cada caso. A su juicio, la ley puede provocar una guerra de precios que puede ir en perjuicio del ciudadano.

Moreno Sierra aprovechó para criticar la Ley de Tasas del año pasado que "no ha sido efectiva" y que impide el acceso a la Justicia a quienes no pueden permitirse asumir su coste.