El anuncio de adquisición de los Polvorines de Fadricas y su materialización abren por delante un largo recorrido para que el desarrollo de estos suelos sea una realidad: planes urbanísticos, tramitaciones, contrataciones y ejecución. Se podría dilatar mucho en el tiempo, nada nuevo en el urbanismo, pero tampoco para estos terrenos que arrastran una histórica larga de encuentros y desencuentros, negociaciones y bloqueos. Estos días el Partido Popular (PP) y Andalucía por Sí (AxSí) han recordado algunos de los hitos que marcan la evolución de la realidad de estos superficie por los pasos dados en su momento por gobiernos isleños anteriores –con Manuel de Bernardo y José Loaiza al frente de la Alcaldía–, las trabas encontradas y las formas de solventarlas.

El futuro de los suelos de los Polvorines de Fadricas parece más cerca tras el anuncio de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, del acuerdo de su adquisición municipal por 428.000 euros. Eso permitirá incorporar al parque de suelo público de La Isla algo más de 192.000 metros cuadrados, que sin embargo es solo un 40% del total de la superficie que corresponde a la franja más cercana a la bahía, y por tanto con un elevado grado de protección, especialmente por forma parte del dominio público marítimo terrestre. De ahí que se hable de crear un corredor verde y de zona de esparcimiento y de ocio. Para los otros suelos, en manos de la familia Vela de la Flor –que recuperaron esos terrenos que en su momento les expropió Defensa– y de los pequeños propietarios, el gobierno deberá llegar a otro acuerdo.

Ambas cuestiones demuestran que las negociaciones siempre han sido la base para el desarrollo de estos terrenos, y que los procesos administrativos y burocráticos también ocupan una buena parte de su historia. Desde los años 90 se plantea la recuperación de suelos militares para San Fernando, algo que se concretó en 2002 en un convenio con Defensa que incluía la superficie noticia estos días, el antiguo polígono de Janer en el que se ha actuado para su urbanización y terrenos de Camposoto –una cuestión sin novedades–.

A pesar de esas intenciones iniciales, no hubo avances en este caso de Polvorines y el gobierno municipal decidió iniciar en 2007 una reserva de suelo para la zona denominada Punta Cantera. De los encuentros con Defensa no se había sacado nada más allá de un bloqueo, según la parte municipal, por lo que el entonces alcalde, Manuel de Bernardo, puso en marcha el expediente a principios de ese año ante la posibilidad de una negociación entre el Ministerio y la Junta de Andalucía. "Nos adelantamos", decía el viernes el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), que achaca a esta acción del andalucismo la posibilidad que ahora ha tenido la alcaldesa, Patricia Cavada, de alcanzar el acuerdo.

En marzo de 2007 el Tribunal Supremo (TS) ratifica la sentencia de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoce el derecho de reversión de 230.525 metros cuadrados de los polvorines a la familia Vela de la Flor. El gobierno isleño apunta que emplazaría a negociar a los reversionista aunque ya había habido contactos, de hecho, a instancias de Defensa. No serán los únicos con los que el gobierno se siente por este proyecto de delimitación que también afecta a pequeños propietarios de Casería Norte, que protestarán incluso en las sesiones plenarias. La superficie en manos de algo más de un centenar de persona suma unos 50.000 metros cuadrados en 40 parcelas colindantes con los polvorines.

En noviembre de 2009 desde el Ayuntamiento se plantea un acuerdo de bases que fija unas condiciones iguales para todas las partes con el que se intenta evitar la expropiación –el último paso al que está abocada la reserva si no hay consenso previo–. Se apunta a la cesión de un 20% para el aprovechamiento urbanístico municipal, a una edificabilidad máxima de 210.000 metros cuadrados, al destino de 26.000 metros cuadrados para actividad comercial (también para el hotel que se propone y ocio), a la obligación de que el 51% de las viviendas (de 1.500 se pasó a hablar después a 1.750) sean de protección oficial y a la creación de una parque de 200.000 metros cuadrados en el borde litoral. Unos meses después, en febrero de 2010, casi todos los propietarios excepto Defensa se adhieren a ese acuerdo. El Ministerio no consigue, además, la cautelar solicitada a la Justicia para suspender la reserva de suelo. Los tribunales, con dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz y otra del número 4 (al recurso de Defensa), dan la razón al Consistorio y dejan claro que el procedimiento (la reserva) se ajusta a derecho.

Finalmente, en mayo de 2011 Defensa se suma al acuerdo de bases, algo que ya había comunicado pero que reafirma con un oficio por parte del Instituto de Vivienda y Equipamientos de la Defensa. El entendimiento con el Ministerio se materializa, ya con José Loaiza como alcalde, en una comisión técnica para tratar el desarrollo de los terrenos en febrero de 2012. En mayo firma el documento.

Otro escollo se cruza en el futuro de estos suelos, el Plan del Corredor Litoral que redacta la Junta de Andalucía y que pone límites en al desarrollo de suelos no sectorizados como en el caso de San Fernando sucede con Punta Cantera. No tendrá efecto: primero la Junta eliminará la protección específica sobre los polvorines (noviembre de 2014) y después la Justicia anulará del decreto del Plan (diciembre de 2018).

Entre tanto, en octubre de 2015, el convenio urbanístico caduca sin que ninguna parte reclame. Desde el gobierno de Cavada se aseguraba en agosto de 2016 que intentaban actualizarlo. Ante las críticas de estos años, recordaban que el Plan General (PGOU) prioriza el desarrollo de suelos sectorizados frente a estos no sectorizados. Una opción era comenzar por los espacios libres, las zonas verdes, antes del desarrollo urbanístico. El principio de acuerdo con Defensa para comprar sus suelos en polvorines que son los más cercanos al borde litoral donde se planeaba precisamente un parque sigue esa línea de trabajo.