Un paso más, el paso clave. Como medida de presión para la negociación o como antesala de la expropiación. Son medio millón de metros cuadrados ubicados entre los polvorines de Fadricas y Casería Norte, en una zona que administrativamente se ha acordado en denominar Punta Cantera, 493.068 metros cuadrados que en pocos días estarán un poco más cerca del Ayuntamiento isleño a través de la aprobación definitiva del proyecto de delimitación de los terrenos. Porque este documento superaba ayer los trámites en el consejo de gestión de Urbanismo para dar el salto al pleno del viernes 26.

Previamente, el documento ha tenido que superar toda una serie de fases y escollos hasta llegar al punto en que se encuentra ahora. El primero de ellos fue la entrada en vigor en diciembre pasado de un decreto que obligaba al Gobierno local a tramitar de nuevo el documento, una tramitación en la que también se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas en el proceso anterior por las distintas partes -Defensa, propietarios y reversionistas- y que han sido finalmente resueltas con la desestimación de todas.

El proyecto de delimitación y por tanto, la reserva municipal de esos suelos, saldrá aprobada de forma definitiva de la próxima sesión plenaria, aunque no entrará en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Será entonces cuando se activen las consecuencias de esta aprobación. La más directa será que el Consistorio isleño adquirirá la prioridad como comprador de aquellos propietarios que deseen vender su porción de los terrenos sobre los que se aplica la delimitación. Pero también habrá otra que consistirá en la reapertura del proceso de negociación con cada una de las tres patas que conforman la propiedad de ese suelo, repartido entre el Ministerio de Defensa (210.000 metros cuadrados), los reversionistas, personificados en la familia Vela de la Flor (230.000) y el centenar de propietarios de 40 parcelas situadas en Casería Norte, quienes poseen los 50.000 metros cuadrados restantes.

Una negociación que el Ayuntamiento, ahora sí, permitirá hacer por separado a los tres afectados, prestando especial interés en la reacción del Ministerio de Defensa, quien ha mantenido un incómodo silencio al respecto, sólo roto para exigir al Consistorio que detuviera este procedimiento.

Porque la voluntad municipal, así lo explicaba ayer el alcalde, Manuel de Bernardo, es la de seguir teniendo la mano tendida a un acuerdo con la Administración central que les garantice la titularidad del suelo sin tener que llegar a la expropiación, una medida a la que pueden acogerse en caso de que no hubiera respuesta de ningún tipo. Y pueden hacerlo además respaldados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permite a los ayuntamientos iniciar este tipo de procedimientos en terrenos sin uso militar alguno y con más de tres años sin interés para la Defensa -en concreto lleva más de diez-, siempre y cuando el uso que se le vaya a otorgar tenga una finalidad de carácter público, "como facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento", se recoge en esta legislación.

Y es precisamente un documento al respecto del planeamiento y la ordenación urbana, el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el que recoge además la idoneidad de este terreno para la incorporación al suelo municipal, una idoneidad que también se contempla para Camposoto, que continuará sin embargo en manos de Defensa.