El PP insiste en condicionar el pacto y el PSOE en pedir datos

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Hacía ya varias semanas que el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal no centraba el debate político. Ayer lo hizo, en base a dos ruedas de prensa que se celebraron en la localidad, una del Partido Popular (PP), a la que acudió su presidente provincial, José Loaiza, y otra de los socialistas locales. La primera fue convocada para celebrar los buenos resultados de las elecciones europeas en el municipio -los populares han sido la fuerza más votada en San Fernando, a pesar de la baja participación- y en ella, entre otros asuntos, volvió a salir a relucir el estado de salud del pacto PA-PP que posibilita el gobierno en este Ayuntamiento.

Loaiza, flanqueado por la hasta el momento presidenta local, Carmen Pedemonte, insistió en el posicionamiento de su agrupación, dando quizá un paso más en la crudeza de sus afirmaciones cuando advirtió de que se exigirán responsabilidades políticas, adminisitrativas y penales una vez el secreto de sumario en el que por el momento se encuentra el caso salga a la luz. El pacto está, por tanto, y esto no es novedad, condicionado por el dictamen de la justicia. Así lo quiso aclarar el presidente provincial, el desfalco no será un lastre con el que su partido cargará en los próximos comicios municipales. Y para ello se tomarán medidas, si fuera necesario. "Haremos lo que tengamos que hacer", resumía.

Loaiza aprovechaba también la ocasión para responder a las constantes declaraciones del PSOE local al respecto. Insistió en que la voluntad de los populares había sido siempre la misma: exigir total y absoluta transparencia respecto al asunto. Tan sólo una hora más tarde, el concejal socialista Carlos García Caballero, sin saberlo aún, le respondía. A su juicio, la comisión especial sobre el desfalco podría ser el perfecto instrumento para hacer efectiva esta transparencia. Debería, pero no lo es, apuntaba. "Tenemos indicios de que PA y PP tienen pactadas ya hasta las conclusiones de esta comisión, y con la excusa del secreto de sumario, van a darle carpetazo en un corto periodo de tiempo", apuntaba. Una comisión, explicaba, en la que no han tenido acceso a toda la información porque ha sido, denunciaba García, sesgada por el propio alcalde andalucista, Manuel de Bernardo.

En este sentido se refirió a las dificultades que han sufrido para obtener las actas de cada uno de los encuentros. "No es que haya habido retrasos, como otros han querido vender, es que el alcalde se negaba a dárnoslas, y fue la propia secretaria general municipal la que tuvo que enmendarle la plana". Porque el regidor isleño, añadía, "se ha dedicado a torpedear la información". Y no sólo eso, apuntaba, sino que también se ha dedicado a criticar a la formación socialista. "Que yo sepa, no genera dudas quien pide explicaciones, sino quien no las ofrece. Nosotros estamos en el deber de hacerlo".

Explicaciones a varias cuestiones. Por ejemplo la aparición y desaparición de avales bancarios en las cuentas de 2005, 2006 y 2007. O la ausencia de responsables adminisitrativos. O el excesivo interés por que los dos funcionarios imputados hasta el momento sean los únicos culpables. "Nosotros no somos jueces, no vamos a condenar ni absolver a nadie, eso lo hará la justicia, pero tenemos claro que en este Ayuntamiento había una auténtica maraña de cuentas, la situación económica era ficticia y alguien tendrá que ser responsable de eso".