El Partido Popular (PP) se hacía eco ayer de la publicación del anuncio -fechado el 22 de agosto- de las sanciones firmes impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente por la vulneración de la Ley de Costas. Entre ellas consta una al Ayuntamiento de San Fernando con una multa de 15.979,07 euros, que responde a una infracción grave por "la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados". En este caso, hace referencia a las obras que se realizaron en el primer tramo de la carretera de la playa en 2017. Por ello, el presidente local de la formación popular, José Loaiza, pedía ayer explicaciones y que se depuraran responsabilidades. Desde el equipo de gobierno informaron, por su parte, que la sanción ha sido recurrida por lo Contencioso Administrativo.

"Es lo habitual en este mandato: que los vecinos se hagan cargo de las facturas de los desmanes de Cavada, como el gasto de más de 400.000 euros en un nuevo despacho, sin que dé la cara". El líder popular cuestionaba de esta forma que desde el gobierno local "se salten de manera premeditada y de manera reincidente" la normativa vigente, cuando se le presupone que deben mostrar una conducta ejemplar. Los populares recuerdan con esa mención a la reincidencia que previamente a esta sanción de Costas se había conocido el rechazo de este organismo al proyecto del centro de industrias digitales en el Parque de la Historia y del Mar y al trazado de la línea de alta tensión planteada entre la subestación eléctrica de Janer y Bahía Sur. Ahora que la sanción se confirma, José Loaiza pide que se depuren responsabilidades, "por que los isleños tengan que pagar las consecuencias del desprecio a la ley por parte del Gobierno de los socialistas y andalucistas".

El gobierno local considera que la Junta era competente para autorizar los trabajos

Desde el PP se quejan, además, de que en su momento cuando informaron de esta sanción hace unos meses, el gobierno local les acusara de "cacería", cuando lo grave es, a su juicio, que "se habían saltado la ley y trataban de ocultarlo".

Desde el equipo de gobierno también salían al paso por la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la sanción impuesta en firme al Ayuntamiento de San Fernando por la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente para comunicar que esta sanción ha sido recurrida por la Administración local ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con fecha del miércoles 11 de julio de 2018, "instando a la suspensión de sus efectos y, por lo tanto, permanecer suspendido el pago del importe de la citada sanción". Conocedores de la ratificación de la multa por parte de Costas decidió recurrir, explican, y mantener de esta forma los criterios que ya fueron expuestos el pasado marzo cuando se conoció la sanción en primera instancia. Entonces se exigió una rectificación a Costas al considerar "improcedente" la publicación de esta medida que estaba recurrida y que, por tanto, no era firme.

"Será la vía judicial de lo contencioso administrativo la que resuelva esta diferencia de criterios entre tres administraciones", apuntan en un comunicado, al hacer referencia a la Administración Local y Costas, pero también a la Junta de Andalucía, administración que el gobierno municipal considera competente para autorizar las obras que se llevaron a cabo en la playa. "Conviene recordar que es la Junta de Andalucía la administración que, desde 2011, tiene asumidas estas competencias en materia de ordenación y gestión del litoral y según la Ley de Costas de Andalucía. Precisamente la Junta y el Ayuntamiento coinciden en un mismo criterio y por ello el procedimiento llevado a cabo en su momento se ajustó en todo momento al ordenamiento vigente", detallan. Por ese motivo, no se tramitó ante Costas la autorización alguna para acometer las obras de los accesos, mientras que sí se realizó el procedimiento ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que informó de manera favorablemente al proyecto. A pesar de ello, aclaran, para no seguir sufriendo las trabas procedentes de la Demarcación de Costas, desde el Ayuntamiento se llevó a cabo el procedimiento de tramitación en una segunda instancia conforme a las exigencias esgrimidas por esta Administración estatal, obteniendo el visto bueno de ella. Por eso, estiman que el asunto radica en estos momentos en "si debe existir sanción o no, al tener el Ayuntamiento también la autorización de Costas". Con todo, el gobierno municipal tampoco estaba de acuerdo en el fondo de la sanción, al considerar que las obras se habían limitado al alfaltado de la carretera.

Las obras ejecutadas a partir de diciembre de 2016 permitieron pasar de dos a cuatro carriles delimitados entre la rotonda de las banderas y la primera curva. Se creó una nueva rotonda en esa primera curva, se pintaron señalizaciones y se colocaron otras nuevas. Está pendiente la continuación de los trabajos en el resto de vía tras el verano.