Cinco años después, La Isla ha empezado a sanar las heridas que dejó el robo millonario de la caja de efectivo que existía en las oficinas de Hacienda, un suceso que, literalmente, puso patas arriba el panorama político municipal. A ello ha contribuido el largo tiempo transcurrido y la información que, poco a poco, se ha ido conociendo en torno a lo que realmente ocurrió en el Ayuntamiento. También, claro, el cambio de gobierno y la llegada de unas nuevas siglas a la Alcaldía, que sirvieron para aflojar la tensión política que reinaba en la vida municipal antes de las pasadas elecciones de mayo de 2011.

El proceso contable que el Tribunal de Cuentas resolvió en el pasado mes de diciembre, la sentencia, que incide en la responsabilidad directa de los cajeros, la vista celebrada en octubre y la defensa esgrimida por cada uno de los implicados han arrojado más luz a lo que se ya conocía de las investigaciones policiales en curso.

Pero para cerrar página definitivamente La Isla tendrá que esperar a que llegue todavía a su término la otra vía abierta, la del proceso penal que se inició con la detención de los cajeros en la tarde del 1 de abril de 2009 y que suma ya catorce personas imputadas.

El robo, no obstante, sigue siendo difícil de creer para la mayor parte de los isleños, que no entienden como pudo desaparecer tamaña cantidad de dinero día a día, de manera sistemática, sin que en ningún momento llamara la atención de los responsables encargados de la custodia de los fondos públicos.

También el proceso y las investigaciones llevadas han sido cuestionadas, especialmente por las personas implicadas. Al Ayuntamiento -sobre todo, durante el mandato anterior- se le ha reprochado por activa y por pasiva que no hubiera hecho las cosas de otra forma, que en lugar de propiciar una rápida detención de los sospechosos no hubiese favorecido una adecuada investigación policial que hubiese servido para recabar más pruebas. Lo cierto, sin embargo, es que al Ayuntamiento no le quedaron demasiadas opciones aquel 1 de abril. Es algo que ha salido a relucir en el transcurso del juicio contable. En Hacienda, en aquellos momentos auditada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, llevaban 15 días poniendo patas arriba la oficina intentando cuadrar las cuentas. Se había interrogado a los cajeros e, incluso, se les había llegado a advertir con su posible detención si el dinero no aparecía, tal y como se recoge en sus testimonios.

A las tres de la tarde, poco después de informar al regidor, se reunió una suerte de gabinete de crisis en Alcaldía. En esa reunión estuvieron el jefe y el segundo jefe de la Policía Local así como el Comisario de San Fernando, el letrado del Ayuntamiento, tesorera, interventor y secretaria, además del alcalde. Y fue allí cuando se decidió la forma de actuar y detener de inmediato a los sospechosos, que prácticamente estaban esperando su detención en Hacienda. Las posibilidades de haber actuado de otra forma eran muy escasas.