Hasta catorce personas están imputadas en el proceso penal abierto por el controvertido robo de la caja de efectivo que fue descubierto en las oficinas municipales de Hacienda tal día como hoy, hace ya cinco años: 1 de abril de 2009.

La Fiscalía confirmó ayer la existencia de cuatro nuevas imputaciones por un presunto delito de blanqueo de dinero que se vinculan todas ellas al clan familiar de origen marroquí con el que estaba estrechamente relacionado el funcionario a cargo de la caja, Clemente Ruiz.

Sobre este empleado municipal y sobre el entorno de amistades y negocios que manejaba fuera de las oficinas del Ayuntamiento se siguen centrando las investigaciones policiales y judiciales que todavía, cinco años después de que el robo saliera a la luz, se mantienen abiertas mientras se intenta dar con el paradero del dinero sustraído.

Así, en el pasado mes de julio trascendió que, a petición de la Fiscalía, el número de imputados había ascendido a ocho personas más para añadir a siete miembros de esta familia marroquí y a la mujer del propio Clemente, a la que se relaciona con una supuesta trama que se dedicaba a blanquear el dinero que, día a día y durante varios años, esquivó los controles rutinarios para salir de las oficinas del área de Hacienda.

Hasta ese momento, solo Clemente Ruiz y su compañera de oficina, la funcionaria María José Lebrero de Celis, habían sido imputados tras su detención en la tarde del 1 de abril de 2009. El jefe de la caja llegó incluso a pasar 20 meses en prisión provisional, desde noviembre de 2009 hasta julio de 2011.

Ya en ese momento, el fiscal del caso, Ángel Núñez, aseguró que no se descartaba que se produjeran nuevas imputaciones a medida que avanzara el proceso de instrucción. Y así ha sido. Hasta 14 se contabilizan actualmente.Y diez de ellos pertenecen a la familia marroquí de Mohamed Alí Buselhan, más conocido con el nombre español de Iván, con la que Clemente mantenía además de una estrecha amistad varios negocios en común, algunos de ellos completamente ruinosos. No obstante, Iván, con 32 años, falleció repentinamente en Madrid en noviembre de 2012.

La jueza que instruye el caso tiene todavía que tomar declaración a todos estos nuevos imputados. La instrucción -explicó el fiscal- está todavía a la espera de la resolución de determinadas diligencias sobre las que se ha decretado secreto de sumario y con las que se intentan agotar todas las vías posible para esclarecer qué ocurrió con el dinero sustraído de la caja.

La fecha del juicio, de esta forma, dependerá de la terminación de estas diligencias y de las declaraciones de los imputados, con las que presumiblemente -si no dan lugar a abrir nuevas vías de investigación- se cerrará la instrucción del proceso.

Cabe recordar que en el pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas dictó sentencia en el procedimiento de reintegro por alcance que, de manera paralela a la vía penal, se ha desarrollado durante estos cinco años. El juicio contable insistió en las responsabilidades directas de Clemente Ruiz y de su compañera de caja, para los que exigió la restitución de las cantidades desaparecidas. Igualmente, dictaminó responsabilidades subsidiarias en distinto grado para los dos interventores que trabajaron en Hacienda durante el tiempo en el que se produjo el robo, la tesorera y los dos alcaldes que gobernaron durante estos años.