Desahucio a la espera en San Nicolás

Mari Carmen Pinedo ocupó una vivienda de la calle San Nicolás -propiedad de la Junta aunque administrada por la Empresa Isleña de Suelo (Esisa)- el 26 de diciembre del año pasado. A principios de mes había tenido que dejar la vivienda de la calle Malaspina donde vivía, con un hijo, una hija y una nieta, por no poder pagar el alquiler. "Había venido antes de ocupar el piso de San Nicolás y le dijimos que se inscribiera en el Registro de Demandantes de Vivienda y que pidiera el informe de exclusión social. No lo hizo", advierte Francisco José Romero, presidente del consejo de administración de Esisa. Desde el viernes esta mujer y su familia están apostados en el acceso al bloque donde residen ahora, acompañados de vecinos y miembros de Podemos e IU, para hacer fuerza y frenar el desahucio que ha ordenado la Justicia, aunque un recurso ha aplazado la medida.

Cuando el 3 de diciembre Mari Carmen tuvo que dejar la vivienda donde habitaba fue recogida por una vecina. Ni ella ni los dos hijos con los que vive tienen trabajo y a su cuidado está además la nieta, una menor. Días después, cuenta a pie del edificio de San Nicolás del que la obligan a salir, se enteró del fallecimiento del hombre que vivía en la casa de San Nicolás. "Era el 26 de diciembre por la mañana y por la noche me metí", asegura. Se trata de un piso propiedad de la Junta de Andalucía, aunque administrado -como otras viviendas en la ciudad- por Esisa. No tenían ni luz ni agua, que se dieron de baja. "Hablé varias veces con Esisa y la respuesta en todo momento fue que me tenía que ir, que no era su problema", continúa el relato de la situación que vive.

La versión del responsable de Esisa es distinta. Recuerda que Mari Carmen y su hijo acudieron hace unos seis o siete meses por primera vez, y que entonces ya les explicaron que lo primero era apuntarse al registro de demandantes de vivienda, además de pedir el informe de exclusión social. "Y han venido muchas veces y siempre hemos insistido en lo mismo. No podíamos hacerle un contrato en esas condiciones", asegura. Su situación es distinta a la de inquilinos de Esisa que no pueden pagar el alquiler, con los que primero se negocia, y en todo caso aunque se inicie el procedimiento judicial no llega a ejecutarse. "No se ha llegado hasta el final nunca y no se va a hacer", insiste Romero, que defiende que la empresa pública trata estos temas con la máxima comprensión y solidaridad. En este caso, reitera, también se ha intentado ayudar.

"No paga porque es una ocupación y no hay contrato. Es complicado", vuelve a decir, apenas unos minutos después de que se haya reunido con la hija de Mari Carmen (y un integrante de Podemos), y de matizar que se sigue buscando una solución. Al ser una vivienda de propiedad de la Administración andaluza, Esisa notificó a principios de año a la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige IU, lo que estaba pasando, "su contestación fue que tomaban nota", comenta el dirigente andalucista. "Hasta ahora no se ha dado orden, ni ha solicitado, que se parara el procedimiento, o ha ofrecido una alternativa", deja claro. Ante eso la Empresa de Suelo Isleña ha seguido los cauces normales, eso " dilatando los plazos, el procedimiento, lo máximo posible". La respuesta de Esisa al recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado en los Juzgados se produjo la semana pasada, justo cuando terminaba el plazo legal para ello, y no antes.

Mari Carmen y su familia se inscribieron en mayo en el registro de demandantes de vivienda y comenzaron a moverse ayer mismo para conseguir el escrito de exclusión social de los Servicios Sociales. Ayer, mientras hacían piña con vecinos, amigos y miembros de Podemos e IU, conocieron que el desahucio se va a postergar -a pesar de que los plazos iniciales de mediados de mayo y el margen pedido al Juzgado por su letrada ya se han cumplido- porque todavía queda por resolverse el recurso presentado. A pesar de ello, pocos de los presentes se fiaban de que fuera así, "pueden decirlo e intentar cogernos por sorpresa".