La Empresa de Suelo Isleña (Esisa) ha convocado para este martes 1 de febrero una reunión extraordinaria de su junta general, formada por el Pleno de la Corporación Municipal al tratarse de un ente público. En el orden día de esta sesión solo figura un único punto: dar cuenta de las diligencias previas que se instruyen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción a raíz de la denuncia presentada por la concejala de Desarrollo Urbano, que también es presidenta de Esisa, Claudia Márquez. 

Dicha denuncia, realizada meses atrás por la propia delegada, alude a la encomienda realizada a la Empresa de Suelo Isleña para asesorar a las propietarios de las viviendas de la barriada Bazán en la gestión de las ayudas de la ITI para hacer frente a la rehabilitación de los bloques, un programa que en conjunto va a mover más de 5,6 millones de euros procedentes de los fondos europeos y que ahora acaba de ponerse en marcha. 

Según las explicaciones dadas por el gobierno local después de que hubiesen trascendido estas diligencias judiciales, que afectan directamente a tres trabajadores de la empresa municipal, el Ayuntamiento isleño cree que "se podrían haber traspasado los límites administrativos" que tenía encomendados la empresa pública "en la toma de decisiones y en la elaboración de la documentación", lo que habría llevado a Claudia Márquez a interponer la correspondiente denuncia. 

Concretamente, las diligencias abiertas se centran en el procedimiento seguido por la citada empresa pública a la hora de asesorar a las comunidades de propietarios en estas obras de rehabilitación y, especialmente, acerca de las empresas propuestas para hacerse cargo de su ejecución. 

La denuncia presentada por la propia edil contra la empresa municipal cuyo consejo de administración preside desató fuertes críticas de PP y AxSí, entre otras cosas, al haberse realizado sin conocimiento de los consejeros, pero también por el proceder de la propia Claudia Márquez, que a juicio de ambas formaciones ha quedado en entredicho dado que, advierten, en su calidad de presidenta estaba al tanto y "estaba informada y era conocedora" de todo el procedimiento seguido a la hora de proponer a estas empresas sin que nada hubiese objetado.

El PP, de hecho, ha preguntado abiertamente por los "intereses personales" de la concejala de Urbanismo al apuntar a sus vínculos familiares con el bloque de viviendas de la Bazán del que partió la denuncia.

Ambas formaciones, cabe recordar, han pedido su cese como presidenta de Esisa ya que consideran que no puede seguir al frente de la propia empresa. 

También habían exigido la convocatoria de la junta general de la empresa municipal, que se va a reunir más de tres meses después de que trascendiera la denuncia.