La Fiscalía investiga a la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) en San Fernando por hechos relacionados con la tramitación de las ayudas de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) concedidas por la Junta de Andalucía y destinadas a la rehabilitación de los bloques de viviendas de la barriada Bazán, cuyo importe asciende en su totalidad a 3,7 millones de euros. 

La investigación parte de la denuncia realizada meses atrás por la propia concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, y se centra en el procedimiento seguido por la citada empresa pública a la hora de asesorar a las comunidades de propietarios en estas obras de rehabilitación y, especialmente, acerca de las empresas propuestas para hacerse cargo de su ejecución. 

El propio Ayuntamiento isleño encomendó a Esisa estos trámites en septiembre de 2019 con la intención de facilitar las gestiones a los propios vecinos dado lo complicado y farragoso que podría llegar a resultar la gestión de los fondos ITI directamente por parte de las comunidades de propietarios en unos plazos, además, bastante limitados.  

"La encomienda pretendía ayudar en la obtención de los fondos para la rehabilitación de sus viviendas, en el marco de un proceso complejo y poco habitual para esas comunidades", ha explicado el Consistorio.

Según el Ayuntamiento, en esa labor de asesoramiento desempeñada desde la empresa pública, "la presidenta de Esisa (y concejala de Desarrollo Urbano) advirtió que se podrían haber traspasado los límites administrativos encomendados que correspondían a la empresa en la toma de decisiones y elaboración de la documentación". Algo que considera que ha ocurrido "como consecuencia del interés de los trabajadores de Esisa por ayudar a las comunidades a realizar todos los trámites".

Justifica así la denuncia ante la Fiscalía "aún considerando que se actuaba en beneficio de las comunidades y sus vecinos" en "la necesaria transparencia a la que se debe el ejercicio de lo público".

"El traslado de esta información se realiza como elemento de prevención, desde la voluntad de aclarar los términos desde los cuales se realizaron esos procedimientos a fin de no perjudicar en el futuro a la empresa, sus trabajadores y vecinos", ha precisado el Ayuntamiento.

De la denuncia y la investigación de los hechos por parte de Fiscalía -apunta- se ha dado cuenta también en el consejo de administración del Esisa. "Una vez puesta en conocimiento de la Fiscalía la información sobre las dudas administrativas, se convocó a los trabajadores, así como al consejo de administración de Esisa, para explicar los pasos realizados, a la vez que se encargaron informes internos a fin de aclarar la situación y aportar la documentación aclaratoria al expediente", expone el Ayuntamiento. 

Ninguna de estas obras planteadas para resolver las carencias estructurales de las viviendas de esta histórica barriada catalogada como 'vulnerable' -e integrada por 15 bloques en total, unas 700 viviendas- ha dado comienzo aún ni tampoco los fondos de la ITI se han llegado a materializar aún. 

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Fernando se encarga de tramitar las diligencias, que se apoyan también una investigación policial llevada a cabo durante los últimos meses. 

La investigación se centra por ahora en los trámites relacionados con las obras previstas en 5 de estos bloques de viviendas. 

Aunque las ayudas a la rehabilitación de los bloques de la barriada Bazán se trabajan desde años antes, se confirmaron en junio de 2020 con la firma del convenio de colaboración por parte de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que puso en marcha el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de esta barriada con 3,7 millones procedentes de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 (ITI) de Cádiz. El inicio de las obras, de entrada, estaba previsto para este 2021. 

La investigación, no obstante, no afecta por el momento a la marcha del proyecto ya que los fondos han sido liberados y se encuentran en manos del Ayuntamiento de San Fernando, que será el encargado de ir liberando las partidas correspondientes conforme se certifique la ejecución de las obras por parte de las comunidades de propietarios. Así lo ha confirmado el gobierno municipal esta misma mañana.