El gobierno municipal de San Fernando negó tajantemente ayer en el pleno que existiera riesgo, contaminación o daño medioambiental a raíz de la acumulación de vehículos en el depósito de la Jefatura de la Policía Local en La Magdalena.

Incluso aludió a informes de los técnicos municipales de Desarrollo Sostenible –"los que saben de esto", que dijo el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez– en los que se descarta de lleno tal posibilidad.

Es más, desde el ejecutivo se cuestionó abiertamente la intencionalidad del expediente sancionador abierto "contra los isleños" que amenaza con una cuantiosa multa que supera de largo los 900.000 euros dado que "no existen ni informes, ni estudios que avalen la existencia de dicho daño ambiental", según señaló el portavoz del equipo de gobierno al poner en entredicho el procedimiento de la Junta.

No hay informes, ni estudios de emisión de gases o análisis que verifiquen la contaminación de las aguas –insistió– pero aún así se ha abierto un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de San Fernando. "No es necesario realizar ninguna descontaminación porque, sencillamente, no hay contaminación alguna", precisó Conrado Rodríguez.

De hecho, durante su intervención preguntó también en el pleno a la oposición "si este Ayuntamiento abriera expedientes sancionadores contra entidades públicas o privadas sin hacer antes análisis o una inspección". 

Ayer, precisamente, el Consistorio comenzó a retirar los vehículos que se acumulan en el depósito municipal desde que en 2020 expirara el contrato que se hacía cargo en este servicio. Unos 150, según el expediente de la Junta. Y más de 230, según el sindicato CSIF, promotor de la denuncia, que ayer se concentró también a las puertas del pleno para insistir en sus demandas y recordar al gobierno municipal sus compromisos con la plantilla municipal.

Aunque el tema del depósito de la Policía Local se debatió en la sesión a raíz de sendas mociones que presentaron los grupos municipales AxSí y Vox en el mismo sentido y que suscitaron debates conjuntos. Eso sí, mientras la primera se aprobó por unanimidad la segunda fue rechazada al votar PSOE y Cs en contra.

La oposición al unísono afeó al ejecutivo su "desidia", que había arrastrado el depósito de vehículos a una situación insostenible por no licitar un contrato que –se recordó– ahora se ha resuelto en pocos días ante el requerimiento realizado por la Delegación Territorial de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul.

La salida del delegado de Presidencia, en la que negaba la existencia de contaminación o daño ambiental y ponía en tela de juicio el procedimiento sancionador iniciado por la Junta, sorprendió al portavoz de Vox, Carlos Zambrano, que lamentó el "negacionismo" del gobierno local.

Las cuentas del contrato que se ha adjudicado para retirar los coches –señaló además el edil– no salen ya que "solo alcanzan para 90 vehículos cuando hay más de 230".

Por otro lado, el portavoz de AxSí, Fran Romero, lamentó las "arrogancia" de Conrado Rodríguez y la "actitud chulesca" que Cavada había mostrado ante este problema al aludir a las declaraciones de la regidora en las que afirmaba que la Junta no tenía que venir a recordarle al Ayuntamiento que tenía que retirar los vehículos.