El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este jueves el acuerdo adoptado por el pleno de la Corporación Municipal la semana pasada, en el que se aprobaba con carácter inicial la propuesta de ordenanzas fiscales que el Ayuntamiento de San Fernando aplicará a partir del próximo 1 de enero de 2023: las tasas e impuestos municipales que los isleños tendrán que pagar durante el próximo año. 

Con la publicación de esta resolución en el boletín oficial, se abre además el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones de la propuesta. Así que los isleños dispondrán ahora de 30 días para formular sus sugerencias al respecto. 

En el caso de que en este plazo de 30 días no se formule ninguna alegación, la propuesta se aprobará con carácter definitivo. 

No obstante, prácticamente todos los grupos municipales de la oposición han anunciado ya que formularán alegaciones a la propuesta, que el gobierno de PSOE y Cs -como ha sido habitual durante todo el mandato- aprobó en solitario durante el pleno del pasado día 28. AxSí y Podemos se abstuvieron y PP y Vox votaron en contra y reclamaron una bajada de impuestos. 

En líneas generales, la propuesta del ejecutivo consolida la política fiscal de los últimos años al mantener congeladas de manera generalizada tasas e impuestos -la última subida se aplicó en 2020- mientras se aplica una batería de bonificaciones destinadas principalmente a favorecer la actividad económica y la contratación. El gobierno municipal cifra en 5 millones de euros estas bonificaciones. 

A excepción de Podemos -que es el único partido de la oposición que no defiende una rebaja de impuestos- los grupos de la oposición ha recriminado al equipo de gobierno que mantenga la misma receta fiscal ante una coyuntura económica completamente distinta y marcada por el alza de los precios y la tendencia inflacionista, que afecta directamente al bolsillo del ciudadano medio.

De ahí que se haya insistido por activa y por pasiva en una bajada de los impuestos municipales -especialmente del IBI- que alivie la situación de los isleños, tanto más cuanto que el dinero que se recauda -a tenor del grado de ejecución de las inversiones y de los presupuestos- no se traduce en mejoras para los ciudadanos ni de los servicios públicos.