La Diputación ha solicitado su salida del Consorcio de Gestión de Residuos de la provincia o Consorcio Bahía de Cádiz, un ente que preside y donde tiene la mayoría de votos en representación de los municipios pequeños.

El futuro de este consorcio, que tiene encomendada la transferencia, el transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos de 37 municipios (salvo los del Campo de Gibraltar), queda pendiente de esta separación que el diputado del área económica, Jesús Solís, justificó ayer por dos motivos. Primero, según explicó a este medio, porque no da servicio efectivo a los municipios que por ley son responsabilidad de Diputación (los menores de 5000 habitantes y que tienen el servicio mancomunado o a través de otra empresa pública, afirmó) y segundo, por la mala situación económica de la entidad, “adscrita a la Diputación” y que “agrava el problema”, ya que las cuentas podían terminar arrastradas hasta la institución provincial, añadió. “No es como el Consorcio de bomberos, que hace una función en estos municipios”, apuntó.

Ahora será la junta general, que preside el diputado provincial Javier Pizarro, la que responda a esta petición de separación de la Diputación, que asegura que seguirán con su estrategia medioambiental, sin cerrar la posibilidad de un nuevo ente que dé una “solución saneada”. La salida de la Diputación fue aprobada ayer en pleno con la abstención del Partido Popular e Izquierda Unida.

No es la primera vez que el Consorcio Bahía de Cádiz se tambalea. En 2017, su actual presidente valoraba la deuda en 26 millones de euros, en parte por los impagos de los ayuntamientos. Empezaba este consorcio a estar de actualidad por la polémica tasa consorcial, que afecta a San Fernando, Chiclana y Puerto Real y que fue aprobada en sede consorcial en 2014, según manifiestan los socialistas. Se debía abonar anualmente por los ciudadanos y complementa la tasa de basura para implementar el transporte, el tratamiento y la transformación de los residuos que se recogen. En estos momentos, el envío de notificaciones a los vecinos ha comenzado aunque los ayuntamientos reclaman que se paralice el proceso.

Siguiendo los asuntos de gestión del pleno de ayer, que será uno de los últimos de esta Corporación, se aprobó definitivamente y por unanimidad el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras 2019 por un importe total de 4.349.000 euros. Salió adelante una modificación presupuestaria de 764.000 euros para “afrontar peticiones de diferentes municipios”, manifestó el responsable económico.