La política es más útil cuando encuentra soluciones razonables que ayudan a superar los posibles conflictos, no a enconarlos. Y a esta segunda alternativa nos dirigimos tras la proposición de ley presentada por el PP en el Parlamento andaluz, con el respaldo de Vox, que pretende ampliar la superficie de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Una de las joyas medioambientales más importantes de Europa que el año pasado registró la media de temperaturas más alta y las mínimas precipitaciones desde la década de los 70 del siglo pasado. Hace tiempo que los expertos alertan del deterioro del paraje, no sólo por el cambio climático, sino también por la actividad humana. Según la Junta, la futura norma afectaría a unas 700 hectáreas y a unas 650 explotaciones agrícolas. Agricultores que quedaron excluidos en 2014, cuando se aprobó el denominado Plan Especial para la Corona Norte de Huelva, por las restricciones del Plan Forestal Andaluz. El Ejecutivo de Juanma Moreno insiste en que la futura ley en ningún caso permitirá tocar los acuíferos del espacio protegido, que únicamente se podrá regar con aguas superficiales y que un organismo determinará caso por caso si cumplen todos los requisitos. Además, se defiende que esta regulación no supondrá una amnistía encubierta para los cientos de expedientes sancionadores abiertos. Demasiados frentes que exigen una negociación profunda entre todas las partes. De nada sirve una ley autonómica supeditada a unas inciertas inversiones hidráulicas estatales. Mejor cumplir de inicio las comprometidas por la Junta en el Plan de Humedales. El Gobierno de Sánchez no puede enarbolar la bandera de la defensa ambiental y la amenaza de acudir al Constitucional sin ofrecer alternativas para los diez mil agricultores que carecen de otro medio de vida. Europa nos vigila. Y hay unanimidad en que hay que preservar Doñana. Por eso, es tiempo para hacer política.