La crisis política desatada tras conocerse que líderes independentistas habían sido espiados por el CNI y la gestión chapucera realizada por el Gobierno ha dejado al descubierto una forma de actuar. También una actitud que no es nueva en la democracia española, pero que se ha acentuado desde la llegada a La Moncloa de sus actuales inquilinos: el desprecio al derecho a la verdad y a la información que tienen los ciudadanos. La comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar -algún verbo hay que utilizar- la destitución de la directora de los servicios de Inteligencia del Estado es un claro ejemplo de ello. La ministra no respondió a ninguna de las preguntas que le hicieron los periodistas presentes, con lo que despreció, a través de ellos, a los ciudadanos que querían tener información sobre una grave crisis institucional, echó balones fuera de una forma inverosímil negando que lo ocurrido hubiese sido una destitución y utilizó una verborrea vacua para intentar alejar el foco del desgarro que se ha hecho en unas de las principales instituciones de defensa del Estado. Robles malbarató una parte sustancial, o quizás todo, del capital político que había acumulado como uno de los pocos miembros del Ejecutivo con voz propia y con el respaldo de una prestigiosa carrera profesional como magistrada. Y lo hizo, además, en una comparecencia inútil: lejos de parchear la grave situación que el propio Gobierno ha provocado, la profundizó. Sánchez, dispuesto a quemar lo que haga falta con tal de que las llamas no le toquen a él, ha sacrificado ya en esta crisis a la directora del CNI, una funcionaria de trayectoria impecable, y ha puesto en solfa a una ministra que era uno de los elementos más valiosos del equipo. Ni aun así ha logrado capear el temporal que tiene encima. España vuelve a estar crispada como pocas veces en los últimos años y la normalidad institucional que permita trabajar para superar las duras condiciones presentes parece cada vez más alejada.