En un burdo ejercicio de cinismo, Carmen Calvo ha reconocido que Sánchez antes de ser presidente opinaba que lo sucedido en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 fue una rebelión, y ahora desde La Moncloa piensa otra cosa. También es posible que no tuviera un criterio preciso y dijese lo que le recomendaba su publicista. Estamos en la era del marketing político y los dirigentes se limitan a lanzar como papagayos consignas de laboratorio. La semana nos ofreció otros dos ejemplos. En 2009 Cospedal acusó a Zapatero de haber convertido a España en un estado policial, mientras ella conspiraba con los bajos fondos policiales. En 2014, en el congreso que lo eligió secretario del PSOE, Pedro Sánchez prometió que cuando llegara al Gobierno derogaría los acuerdos con la Santa Sede. Todo de farol.

El 6 de agosto de 2009, la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, durante su veraneo en Marbella, hizo unas declaraciones explosivas. España era un estado policial, que había fabricado una conspiración contra su partido. El caso Gürtel, investigado desde hacía dos años por la Fiscalía Anticorrupción, había sido denunciado ante la Audiencia Nacional en febrero, coincidiendo con una doble campaña electoral en Galicia y el País Vasco. El PP, en la oposición, no paraba de gritar que aquello era un complot. Pura hipocresía, por lo que hemos sabido esta semana. Teatro malo.

Sólo 16 días antes de la representación en la playa, la secretaria general del PP había llevado de tapadillo a su despacho en la planta noble de la sede central del PP a un destacado personaje de las cloacas del Estado, el comisario Villarejo. Y se había interesado por descubrir, ocultar o destruir pruebas del caso. Había preguntado a su interlocutor por lo que tenían de Bárcenas y algunos dirigentes del PP madrileño. Más tarde le encargaría un dossier sobre Javier Arenas. Pagado; se conoce que con la inexistente caja B.

El 27 de julio de 2014, Pedro Sánchez en la clausura del congreso del PSOE que lo eligió secretario general fue aclamado por los delegados cuando prometió que derogaría los acuerdos con la Santa Sede. Después, en la campaña de 2015, los socialistas se plantearon tres objetivos al respecto: eliminar la referencia a la Iglesia católica en la Constitución, denunciar el Concordato y sacar la Religión de las aulas. Pues bien, esta semana, Carmen Calvo ha visitado el Vaticano con la pretensión de que no entierren a Franco en la Almudena, junto a la Plaza de Oriente donde el dictador convocaba a sus seguidores; para ver cómo revertir miles de inmatriculaciones de inmuebles que ha hecho la Iglesia al amparo de una ley del Gobierno Aznar y para lograr que la institución pague impuestos. De la derogación del Concordato nunca más se supo.

Los publicistas nos toman por tontos. Y sus voceros -antes llamados dirigentes- también, con su cinismo burdo.