El socialcomunismo que viene

ARRANCA en Andalucía una legislatura clave para el futuro de España, porque, sin duda, una buena parte de la prosperidad de todos los españoles se va a jugar en los próximos años en nuestra tierra. Así lo han visto con claridad muchos observadores, y también, cómo no, los mercados: nuestros acreedores e inversores, foráneos en su mayor parte, que no han parado, del 25 de marzo en adelante, de recrearse en el castigo sobre nuestra deuda pública y nuestros valores cotizables, porque, desde ese mismo momento, entendieron a la perfección lo difícil -por no decir imposible- que iba a resultar gobernar España con la oposición sistemática de la representación política de una quinta parte de su población.

Y esta circunstancia no puede sorprender a nadie, ya que parece lógico pensar que la senda de consolidación fiscal y purga de los excesos cometidos que deberemos recorrer necesariamente en los próximos años se convertirá en un camino mucho más difícil de transitar desde que el control de los 30.000 millones de euros que maneja aproximadamente la Junta de Andalucía cada año pase a depender -paradojas del destino- del criterio del Partido Comunista de España, camuflado desde hace ya bastantes años, como todos sabemos, bajo las siglas de Izquierda Unida.

De esta manera, con el 11% de los votos y 6.000 militantes en Andalucía, la formación que dirige Cayo Lara -con Diego Valderas como lugarteniente- se apresta a tomar el control transversal de la política autonómica andaluza, algo de lo que tendrá que responder en el futuro el Partido Socialista, cuando los andaluces nos encontremos con el desastre a que dicha gobernanza inevitablemente nos va a llevar; algo que a muchos nos dicta el sentido común y también, claro que sí, la terrible y aciaga Historia de las intervenciones comunistas en el devenir de los pueblos.

Y este matrimonio de conveniencia que contraen los comunistas con los "pillos socialistas" -Valderas dixit- no comienza, a mi juicio, con buen pie, al menos si nos tomamos -como nos hemos tomado- el trabajo de leer el acuerdo programático de 75 páginas -a triple espacio- a que han llegado ambos partidos, y que ha sido ratificado estos días por las bases comunistas andaluzas. Un acuerdo plagado de generalidades, no pocas imposibilidades, bastantes brindis al sol y ciertas peculiaridades; algunas de las cuales intentaremos desmenuzar a continuación, no sin antes apuntarles que, antes de las elecciones, en su notarial contrato con el pueblo andaluz, firmaba Valderas por "apartar a los políticos corruptos de la vida pública", algo que, tras leer el último auto de la juez Alaya que envía a prisión al ex consejero Fernández, debería dejarle, si es consecuente con sus propios actos -venire contra factum proprium non valet-, muy poco margen de colaboración con quienes hasta ahora han dirigido la política andaluza.

El llamado Acuerdo por Andalucía, que podrían también elevar a público en Notaría competente sus "abajofirmantes", parte nominalmente, desde el punto de vista instrumental, como elemento básico de actuación política, del principio general de cooperación, colaboración y lealtad constitucional con el Gobierno de la Nación, aunque después -lástima- se declare furibundo, precisamente para empezar a cooperar, con los recortes presupuestarios y "la obsesión exclusiva de la derecha por una consolidación fiscal irracional y un programa de ajuste durísimo para los trabajadores".

También declara como prioridad de la política andaluza el pleno empleo, y para lograrlo propone -con un ejercicio pueril de "sostenella y no enmendalla"- concertación con los agentes sociales -más subvenciones-, obras de rehabilitación de colegios y viviendas, política forestal, políticas activas -más cursos de formación-, minibonificaciones fiscales a la contratación, más gasto público como "factor clave de desarrollo económico" y ayudas directas a los jóvenes; medidas todas ellas que, supongo, ya les suenan.

Por lo demás contemplamos en el Acuerdo por Andalucía mucho sostenible -sostienen Griñán y Valderas-: el desarrollo, el turismo, la agricultura, la energía, la construcción, los puertos, las conexiones, el transporte, la sanidad, la educación, el crecimiento; muchos planes o pactos andaluces: empleo, envejecimiento, consumo, infancia, vivienda y suelo, reindustrialización, inclusión social, uso de la bicicleta, turismo, energía, economía social, violencia de género; un Instituto Público de Crédito Andaluz sin posibilidad real alguna de financiarse en los mercados; cómo no, nuevos observatorios, unidades administrativas y organismos públicos, y 31 Leyes en proyecto, de entre las que podemos entresacar como notables la de cambio climático, la de movilidad sostenible, la de memoria democrática, la de la carta de derechos de la ciudadanía -que ya recoge el Estatuto de Autonomía- y la de Transexualidad, todas ellas, sin duda, muy importantes para el futuro de nuestra tierra.