LA totalidad de los rectores de las nueve universidades públicas andaluzas han rechazado la aprobación por parte del Gobierno andaluz de dos nuevas universidades privadas: las sevillana CEU Fernando III, que se ubicará en Bormujos; y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que ofrecerá educación online desde Málaga. Desde hace tiempo estamos acostumbrados a que algunos rectores intervengan de manera soterrada en política (los premios llegan luego en forma de cargos) y a que algunos se crean con el derecho a usar el birrete negro para criticar las decisiones de gobiernos elegidos democráticamente por sufragio universal (algo que ya quisiera algún que otro rector). Pero lo más curioso del asunto es que los cátedros condenan las nuevas universidades, entre otras cosas, por la dudosa calidad de sus proyectos. Y mesié, orgulloso licenciado pamplinas por la Hispalense (ahora no le gusta que la llamen así), se pregunta si dichos sabios han paseado por muchas de las facultades que regentan, donde esa calidad que tanto parecen defender no está ni se le espera.

La Universidad pública española y andaluza no es un ente homogéneo. Cualquiera que la conozca mínimamente sabe que en ella conviven centros de primer nivel con auténticas mediocridades; profesores de una brillantez difícilmente encontrables en la mayoría de las privadas con pencos y vagos incorregibles. Pero nadie habla de cierre de facultades o de despidos de docentes.

Además, los indignados rectores piden a la Junta "racionalidad" en el sistema universitario andaluz. No lo deberían decir muy alto, porque si les hiciesen caso habría que proceder a echar el cerrojo en algunas de esas universidades públicas menores que se crearon sin ningún criterio académico y sí para contentar egos provinciales y asegurar graneros de votos. Parece claro, por tanto, que los motivos de la queja rectoral tienen más motivaciones ideológicas y de defensa del chiringuito que técnicas. Eso sí, poniéndose la máscara sacerdotal de "lo público", que siempre viste mucho.

La Universidad pública es tan necesaria como la sanidad, pero no puede basar su supervivencia en la eliminación de la competencia. Tener universidades privadas, una persistente realidad en las democracias más avanzadas, no aumenta la desigualdad. Lo que aumenta la desigualdad es gastar los recursos de todos en centros inútiles o en profesores que no se toman en serio su trabajo o escasos de talento. En la privada, seguro que también los hay, pero no con nuestros impuestos.