EL Gobierno ha ido incumpliendo, una tras otra y sin desmayo, sus promesas electorales, sacrificando la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en aras de lo que se descubre: un déficit público mucho más elevado del que le anunciaron sus predecesores. Salvo una. Las pensiones parecían la línea roja a no cruzar jamás y en ninguna circunstancia.

Parecían. El presupuesto, tardío, de 2012 decretó un alza del 1% en las pensiones. Escribo alza en un notable ejercicio de benevolencia, pero, en fin, es un 1% más de media que el año pasado. Quedaría en nada, en menos que nada, si la inflación sigue galopando al ritmo que ha cogido en los últimos meses (3,5% de IPC en septiembre), haciendo que el nivel de vida de los casi nueve millones de pensionistas españoles sea realmente inferior al de 2011.

Para evitar este efecto negativo de las subidas de precios se introdujo en la Ley General de la Seguridad Social la cláusula que obliga a revalorizar las pensiones según el Índice de Precios al Consumo de cada noviembre con respecto al noviembre anterior. Si la tendencia inflacionaria se mantiene el Gobierno tendría que incrementar las pensiones en dos puntos (la diferencia entre el coste real de la vida y el que se calculó en el presupuesto): 2.500 millones de euros en total, más otros 2.500 millones para el año 2013, con los datos actualizados. Es mucho dinero, sobre todo teniendo en cuenta que la Seguridad Social ya ha tenido que echar mano del Fondo de Reserva para pagar las pensiones de este último tramo del año a cause de sus problemas de liquidez.

El Gobierno no se ha quedado quieto en esta tesitura. Por una parte, está adoptando medidas urgentes para controlar el IPC en los dos meses que quedan, como la bajada de la tarifa más popular de la luz o la del precio de la bombona de butano, y presionando a las compañías petroleras para que las gasolinas bajen algo de las nubes, con su fuerte incidencia en la inflación. Por otra, va a esperar hasta noviembre antes de decidir, a la vista de la inflación real, si revaloriza las pensiones o cambia la ley para no tener que hacerlo. "Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para no tocar la ley", ha dicho el secretario de Estado de la SS, Tomás Burgos. No ha dicho tajantemente que no la tocará. Lo seguro es que la revisión de las pensiones adaptándolas al IPC será muy mal vista por la Unión Europea, como acaba de insinuar el vicepresidente de la Comisión. El periódico más influyente del país, de vocación socialdemócrata, también se ha pronunciado editorialmente en contra, dada la situación actual.

Por eso digo que las pensiones parecían la única línea roja en la política económica del Gobierno. Ya no lo parecen tanto.