No al oligopolio gasolinero

EL Gobierno del Reino de España lleva varios meses empeñado en reducir los precios y márgenes en la distribución de combustibles, convencido de que los grandes operadores del sector (Repsol, Cepsa y BP) controlan los precios evitando una competitividad beneficiosa para el consumidor. Las gasolineras de España tienen a día de hoy precios por encima de la media europea tanto en gasolinas como en gasóleos. El Ministerio de Industria intentó a inicios del otoño en primer lugar una rebaja de precios por medio de la presión política a las grandes compañías refineras y distribuidoras de combustible. Tuvo un éxito efímero, pues la contracción de precios cesó en diciembre: la gasolina roza hoy el euro y medio y el gasóleo supera el euro y cuarenta céntimos. Así que el Ejecutivo del PP decidió el pasado viernes pasar de las palabras a los hechos; de la advertencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, de acometer una modificación legal si la autorregulación no era efectiva a plasmarla en un real decreto: una reforma exprés de la ley de hidrocarburos que atiende en gran medida las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia en su informe de seguimiento del mercado de distribución de los carburantes y que concluye que los precios y márgenes en España están entre los más altos de la UE y por encima de las economías de tamaño comparable. El Gobierno acierta en poner coto a un sector que Competencia define como un oligopolio, aunque el tiempo dirá si las medidas decretadas son suficientes para que el mercado de la distribución de carburantes deje de ser de los más caros de la UE. El decreto modifica aspectos esenciales en la distribución de combustibles. En primer lugar, las grandes compañías tendrán prohibido recomendar precios a las sociedades que explotan las gasolineras, lo que en la práctica actuaba como una fijación de precios en las estaciones de servicio abanderadas de la petrolera. También limita a un año, prorrogable a otros tres, los contratos de suministro en exclusiva del combustible de una refinera, con el objetivo de hacer viable que otro operador oferte mejores condiciones al distribuidor y al consumidor final. Para mejorar la competencia, el Gobierno también facilita la instalación de más estaciones de servicio en centros comerciales, polígonos industriales y junto a centros Inspección Técnica de Vehículos y limita la expansión de operadores que ya dominan una provincia. Y al mismo tiempo que aprieta a las compañías cede en un aspecto que éstas demandaban para que bajen los precios: reduce en un 2,4% -del 6,5% al 4,1%- el consumo obligatorio de biocarburantes, que se venden mezclados con los obtenidos del refino del crudo.