La Justicia española no está politizada, pero el Poder Judicial, expresado en su cúpula del Consejo General, es la institución por excelencia de las intrigas políticas, más fina que el Congreso, sutil como la diplomacia vaticana, un campo de batalla donde confluyen dos ejes muy polarizados: el de los dos grandes partidos -PSOE y PP- y el de las hermandades judiciales, esas organizaciones profesionales que vienen adscritas a ideologías y a intereses muy particulares de sus miembros. Ésta es una explicación subterránea de por qué el Consejo General del Poder Judicial lleva caducado más de 1.000 días, y por qué el PP, sobre todo el de Pablo Casado, no tenía interés en la renovación. Porque la prórroga permitía a la cúpula seguir con nombramientos de jueces, aunque su mandato se correspondiese con el Congreso anterior y estuviera caducado. Ejecer poder más allá de su límite.

Cuando el PSOE y PP llegaron a uno de esos acuerdos frustrados, el que pasaba por elegir al juez Manuel Marchena, el del Procès, como presidente del Consejo General, el entonces portavoz propular en el Senado, Ignacio Coisidó, se vanaglorió ante los suyos de que así se controlaría la Sala Segunda del Supremo "por detrás". Marchena salió corriendo después de que se hicieran públicos los mensajes en los que algún grupo de senadores se intercambiaban esas opiniones.

Éste es el poder del Consejo General: nombrar jueces de largo recorrido, llamados a llevar grandes casos de impacto en la opinión pública. Podría hacer una lectura más benigna, pero ésa no explicaría la situación. De hecho, la última estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez va a terminar por desbloquear la renovación parcial del Tribunal Constitucional. Hay que elegir a cuatro nuevos miembros de la institución. Dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial y otros dos, al propio Gobierno, y Pedro Sánchez está decidido a elegirlos con independencia de que la cúpula de los jueces designe a los propios. Su presidente, Carlos Lesmes, ha comprendido el mensaje, pero necesita un acuerdo entre los dos polos para nombrar a los dos miembros con la mayoría necesaria.

Pedro Sánchez ganará o perderá las elecciones generales de 2023, pero el Tribunal Constitucional lo va a dejar renovado con una mayoría progresista, que es la que corresponde en estos momentos. En los próximos meses, estos magistrados deben resolver recursos de tanto calado como el de la última ley del aborto y el de la eutanasia, que son parteaguas que concepciones diferentes sobre la vida y el derecho.