Las cosas al revés de cómo deberían hacerse. Ponemos un límite que consideramos peligroso, digamos una tasa de 1.000 casos de contagio de covid 19 por cada 100.000 habitantes, y en lugar de tomar medidas restrictivas para evitar alcanzar esa cota, se abre la mano hasta que la conseguimos. Y cuando ya la hemos sobrepasado, cuando el terrible daño está hecho, entonces imponemos límites que ya no pueden evitar con efecto retroactivo los contagios, las angustias, las separaciones en habitaciones de miembros de una familia, los muertos.

A esta actuación negligente de la Junta, en San Fernando se ha añadido una actuación a la que podríamos añadir el agravante de alevosía: un jueves de hace dos semanas se desbordó esa tasa de alarma, por supuesto sin que nadie dictara normas para que no ocurriera, lo que debería haber cerrado las actividades no esenciales. Pero como la reunión del comité territorial programada era para el martes siguiente se decidió esperar a ese día. El lunes la tasa bajó milagrosamente, en lo que todo el mundo que debía saberlo conocía que había sido efecto de un problema en la realización de pcr durante el fin de semana. Así que no se tomó ninguna medida y se esperó al siguiente día hábil para imponer límites, es decir el jueves. Entonces se comprobó lo inevitable, que la tasa seguía descontrolada y rompiendo récords cada día. Y, casi a rastras, se cerró el comercio y la hostelería.

La consecuencia real de todo esto es que la Isla estuvo ¡diez días! viviendo y conviviendo con casi total normalidad con una peligrosísima tasa de contagios de un virus mortal, que causa sufrimiento a miles de personas, y sin arbitrar ningún remedio por parte de quien podía y debía hacerlo. Fue como si condujéramos un vehículo a velocidad creciente hacia un precipicio y decidiéramos pisar el freno sólo cuando hubiéramos traspasado el borde del acantilado.

Tiene razón probablemente la autoridad autonómica al pedir al Gobierno central que adelante el toque de queda y decrete un confinamiento domiciliario, pero el argumento se convierte en simple argucia partidista cuando la Junta no echa manos de las competencias que sí tiene, por ejemplo ese cierre de la actividad no esencial, hasta que el problema nos viene encima. Y sabiendo que las reuniones familiares son foco de contagios, amplió y relajó el toque de queda para 'salvar' la Navidad.

Valía antes, pero ahora se ha confirmado: el valor de la Navidad es debatible, pero su coste es evidente, miles de muertos.