Tamara García
Gaza: Un año de un genocidio
Crónica personal
No se sabe bien a quién pretende engañar el Gobierno con las medidas para una regeneración democrática. Registro de subvenciones a medios de comunicación, control de la publicidad institucional, comité para analizar bulos y fake news y actuar en consecuencia –se supone que las consecuencias irán más allá de los desmentidos, con denuncias para que los que difunden bulos se lo piensen bien–; defensa de la libertad de expresión, leyes que obliguen a rectificar noticias falsas, cambios para regular los delitos de injurias a la Corona, sin que se descarte que se supriman esos delitos… La lista es larga, pero no recoge algo de cajón: casi todo lo que propone ya existe. Pero no se cumple. Más concretamente, no lo cumple el Gobierno.
La Ley de Transparencia la utiliza a conveniencia, los datos que pueden poner en situación delicada a miembros del gobierno no se facilitan. La difamación a la Corona o autoridades religiosas –católicas, las otras ni se tocan– son frecuentes en los socios de Gobierno, y de hecho Sumar pide que no se consideren delitos. Las medidas que pretenden aprobar para meter en cintura a los que no tratan bien al Gobierno, sorprenden, porque ya existen leyes que regulan casi todas. Con un añadido: cuando las cosas se ponen feas para los sanchistas, se recurre al fiscal general para actúe de inmediato y abra procedimientos que asustan al que se atreve a cuestionar una decisión o facilita informaciones perfectamente contrastadas que pueden acabar con la carrera política de algún sanchista de renombre.
El que necesita regeneración es el Gobierno, este Gobierno. Acaba de nombrar directora de la Guardia Civil a una mujer que ya lo ha sido y dejó el puesto para ser diputada socialista; cualquier malpensado puede encontrar relación directa entre ese nombramiento y las investigaciones de la UCO a Begoña Gómez. Las puertas giratorias que tanto escandalizaban al PSOE en la oposición, hoy se utilizan para nombrar embajadores a ministros de reconocida irrelevancia y sin los conocimientos mínimos.
Este Gobierno utiliza a simpatizantes socialistas para indagar en la vida personal y profesional de jueces empeñados en no someterse a los intereses del Gobierno sino en cumplir la ley, y su escaso respeto por la regeneración democrática la demuestra también cuando se encoge de hombros ante personas imputadas pertenecientes o vinculadas al partido al Gobierno, olvidando la expulsión de los encausados que proponía el PSOE.
Causa estupor que presenten medidas de regeneración quienes no han cumplido su palabra, han engañado a sus votantes, colocan a familiares y amigos en cargos, o recusan a jueces cuando no “comprenden” que deben ser más flexibles cuando toca tomar decisiones que afectan a altos cargos. No hay palabras para tanta desfachatez.
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