La creciente polarización de la vida política española nos está llevando a situaciones complejas y extrañas. Nada se escapa a posiciones maximalistas y cada vez resulta más difícil transitar por los caminos intermedios sin caer en extremismos. Esto está ocurriendo a la hora de valorar la situación del Rey emérito, que está suscitando rotundos manifiestos de apoyo y de condena. Hemos llegado al absurdo de pensar que la crítica a la actitud de Juan Carlos I y sus irregulares actividades acarrean de forma automática la censura a los logros de la transición política. Y al contrario, que el reconocimiento al impulso democratizador que el Rey realizó en los primeros años de su mandato obligan a silenciar, minimizar o disculpar los deplorables hechos recientemente conocidos. Pensar que reprobar la actitud del anterior monarca es sinónimo de debilitamiento del sistema actual significa tener una concepción demasiado frágil y personalista de nuestra Constitución, cuando nos debería hacer pensar que precisamente la solvencia democrática del entramado institucional permite las críticas al anterior jefe del Estado sin que eso signifique poner en riesgo la estabilidad política. Aferrarse a la presunción de inocencia como razón última para rechazar las condenas éticas y morales al emérito no deja de ser una contradicción. Cuando al parecer la inviolabilidad constitucional de que disfruta puede impedir que muchos de los actos que se le reprochan puedan ser juzgados, esta presunción procesal llevaría al absurdo de considerarla una presunción iuris et de iure y nos llevaría a proclamar la irresponsabilidad penal, moral, ética y política del monarca en todos los casos. Además, la propia actitud del actual rey, renunciando a los futuros beneficios de las fraudulentas sociedades creadas por don Juan Carlos así como la decisión de retirarle cualquier asignación económica impiden negar lo que para su propio hijo parece evidente.

Sin restar ni un ápice la meritoria labor del Rey en los primeros años de su mandato, resultaría una deformación histórica imperdonable hacer de la conquista de la democracia un trabajo exclusivamente personal. El proceso fue bastante más complejo y necesitó de la connivencia y colaboración de muchas más personas e intuiciones. Por tanto, la defensa de la integridad política y territorial de la nación que algunos reclaman no pasa por silenciar, ocultar o disculpar las actitudes irregulares del anterior monarca, sino todo lo contrario.