Bildu presenta en sus listas del 28-M a 44 personas condenadas por pertenencia a ETA. De ellas, siete con delitos de sangre, asesinato o colaboración con atentados terroristas; y de esos siete, cuatro tienen posibilidades para hacerse con una concejalía o un escaño en el Parlamento navarro. Una parte del socialismo, el que tiene a Zapatero y Sánchez como referentes, justifica la inclusión de etarras en las listas electorales. Dicen que ETA llegó a un acuerdo de paz con el Gobierno de ZP hace años, que ha cumplido su compromiso y por tanto los etarras son ciudadanos con todos sus derechos tras cumplir las condenas impuestas por los tribunales. De acuerdo, pero de ahí a considerarlos hombres y mujeres de paz hay un abismo, sobre todo cuando la mayoría de los etarras no han perdido perdón a sus víctimas ni han mostrado signo alguno de arrepentimiento.

La decisión de incluirlos en las listas electorales no significa que Bildu considere que sus candidatos están perfectamente preparados para asumir responsabilidades políticas y de gestión. El listón de los políticos actuales está muy bajo, pero es seguro que en el País Vasco y Navarra hay personas capaces de ser diputados, concejales o alcaldes sin que cuenten con una trayectoria terroristas. Colocar en cargos públicos a ex condenados por pertenencia a banda armada es una forma de que sobrevivan una siglas que representan lo peor de la historia del País Vasco y de toda España.

La banda ha demostrado durante casi cuarenta años la crueldad de sus actuaciones, la barbarie con la que trataba de imponer sus objetivos y las consecuencias sociales del terror al que ha sometido a los españoles. Zapatero presume de que gracias a sus negociaciones con ETA se logró que dejaran las armas. No es cierto, y lo explicaba muy bien el hombre que sí se empeñó a fondo en la lucha contra el terrorismo, Rubalcaba. ETA optó por anunciar el fin del terrorismo cuando se encontró acorralada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía, CNI y Ertzaintza. Sus miembros no son ahora, ni han sido nunca, hombres y mujeres de paz. Lo demuestran estas listas al 28-M en las que incluyen a condenados por terrorismo.

Con Sánchez han llegado más allá de lo que nunca pudieron imaginar: socios preferenciales del Gobierno junto a los independentistas catalanes, con los privilegios propios de quienes ocupan cargos públicos y viven de los presupuestos del Estado.

Hay que tragar porque han sido elegidos. Pero tragar no significa que haya que ver como un acierto de Sánchez que los sume a su proyecto "progresista", ni que se considere positiva su presencia en las instituciones.