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Alto y claro

José Antonio Carrizosa

jacarrizosa@grupojoly.com

Conocimiento de causa

La ubicación de sedes de organismos públicos fuera de Madrid vuelve a abrir la caja de los agravios

Sacar de Madrid organismos públicos para dar un paso más en la descentralización administrativa y fomentar inversión y empleo de cualificación en zonas que están muy necesitadas de ello. Hay pocas dudas de que es una buena idea. En una España como la actual en la que los desarrollos tecnológicos, entre ellos la extensión de la fibra óptica, y de infraestructuras están a la altura de los mejores de Europa, que una determinada institución tenga su sede en Valladolid o en Málaga no la va a hacer menos eficaz que si está en la capital del Estado.

Pero en esta ocasión, como en tantas otras cosas, una decisión acertada tiene también su reverso. La especie de concurso de méritos que se ha desatado entre diferentes ciudades para acoger alguna de las nuevas sedes oficiales y la discrecionalidad del Gobierno a la hora de adjudicarlas ha reabierto la caja de los agravios y de los recelos entre comunidades y entre poblaciones de la misma comunidad. Lo estamos viviendo estos días en Andalucía. Sevilla se ha hecho con la sede de la Agencia Espacial Europea y Granada se ha quedado a las puertas de obtener la de Inteligencia Artificial, que se ha ido a La Coruña, quizás, entre otras razones, para no concentrar en Andalucía las dos primeras decisiones de Pedro Sánchez. Aunque no creo que nadie dude de los méritos de Sevilla para albergar ese organismo y el alcalde Antonio Muñoz lo haya celebrado, con evidente exageración, como si le hubiera tocado una nueva Expo, en Granada ha sentado muy mal. Y las quejas no van sólo contra el Consejo de Ministros por la decisión adoptada. También contra un supuesto favoritismo histórico hacia la capital de Andalucía que a ellos les perjudica.

Sería interesante conocer los criterios que el Ministerio de Ciencia ha trasladado a la Moncloa para determinar la elección. Pero conviene no olvidar que se ha tratado de una decisión más política que técnica y en la que el Gobierno ha actuado con un amplísimo, por no decir absoluto, margen de discrecionalidad. Y es precisamente ese margen el que provoca tantos recelos. Pasó hace no mucho con la decisión de Defensa de ubicar en Córdoba, y no Jaén, la base logística del Ejército de Tierra. Y volverá a pasar porque en un pulso siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Sí sería conveniente conocer las razones de una decisión con evidentes consecuencias económicas y sociales. Por lo menos, permitiría gestionar el enfado con conocimiento de causa.

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