El partido conservador español es incapaz de pronunciar la palabra “federal”. El epíteto “federal”, como “laico” o “republicano”, posee en su tradición unas connotaciones revolucionarias o disolutivas de la Nación. Ahora bien, este rechazo visceral a la idea federal no deja de ser paradójica porque, precisamente, es el federalismo del sistema el que permite al PP disfrutar de un extraordinario poder político, aunque no pueda ser una opción de gobierno viable a nivel nacional. Si se emancipara de cobardías semánticas, la derecha española tendría en la bandera federal –que no es una forma de desmembrar el Estado sino, al contrario, de integrarlo– un símbolo político que situaría a la izquierda ante sus contradicciones. Y es que el antifederalismo español, el rechazo radical a una autonomía paritaria de los distintos territorios y a un senado federal, es seña de identidad del soberanismo vasco y catalán. La carta de Urkullu, reclamando una relación de bilateralidad con España para el País Vasco, o los términos en los que esta semana se ha apelado a la autodeterminación por parte del independentismo catalán, son claros exponentes de este desprecio. La jerga nunca aclarada del “confederalismo” que vocifera con pasión la izquierda a la izquierda del PSOE, puede servir para masajear al soberanismo y prometer el acta de diputado con una fórmula que te sirva para gustarte mucho a ti mismo, pero lo cierto es que se mueve en la pura nada conceptual y jurídica. No se ha explicado en qué consiste dicho confederalismo porque, en puridad, dicha fórmula no define hoy a ningún sistema político, salvo, si se quiere, a la Unión Europea. Que el PSOE haya enterrado en el olvido la Declaración de Granada es significativo de hasta qué punto ese “avance hacia el federalismo” que allí se propuso no es compatible con los intereses políticos o sentimentales de sus socios parlamentarios. De hecho, quien verdaderamente podría converger en dicho avance federal con el PSOE, acotando las necesarias asimetrías que demanda la realidad de España, es precisamente el PP, cuyos socios, radicalmente antifederales a su manera, quieren, a su vez, terminar con el propio Estado de las Autonomías. Y, así las cosas, los españoles nacen, crecen, tienen problemas personales con la estructura territorial del Estado, y luego mueren, sin que los dos grandes partidos hayan sido capaces de hablar sobre dichos problemas, aunque con el consuelo imponderable de los éxitos deportivos, variable, eso sí, según la generación.