El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, dejó una de esas frases lapidarias, de las que sirven para marcar el territorio sobre la situación de Eléctrica de Cádiz: “Antes de privatizarla, dimito como concejal”. Eso lo dijo en un pleno en el que quería que todos los partidos respaldaran la decisión que ya se había tomado en el consejo de administración de la compañía semimunicipal para indexar los precios, es decir, someter las tarifas al precio diario que tuviera la energía.

Era una decisión tomada a la desesperada porque Eléctrica de Cádiz, la joya de la corona del Ayuntamiento y de la que tiene el 55% del accionario, iba camino de la quiebra. O se taponaba la herida, o se desangraba.

Esa hemorragia se cerraba parcialmente, pero el asunto dejó otros daños colaterales dentro del equipo de Gobierno de Adelante Cádiz, ya que la asesora en temas energéticos y consejera en Eléctrica de Cádiz, Alba de Campo, se vio forzada a dimitir y poco después, dio por cerrada su etapa en un contexto lleno de tensión, el que había sido jefe del Gabinete del alcalde, José Vicente Barcia.

Eléctrica de Cádiz había acabado el ejercicio de 2021 con un déficit de más de 7 millones de euros  y, según los informes de los técnicos externos e internos, el primer trimestre ya había generado pérdidas que eran muy difíciles de recuperar en el resto del año.

Para reponer las pérdidas los tres socios de Eléctrica de Cádiz decidieron realizar una ampliación de capital en el mismo porcentaje de acciones que cada uno tenía. Los más de 3,3 millones municipales salieron de las arcas municipales.

Pero tal y como venían en los citados informes para justificar la ampliación de capital, la indexación y la ampliación de capital no eran suficientes, por lo que se tuvo que meter nuevos conceptos en la factura, unos obligadas por la norma, como la participación en el bono social que la propia Eléctrica de Cádiz ni puede ofrecer a sus clientes,  y otros como los costes de estructura, que es un precio variable por kilovatio consumido. 

Esta, según la carta que envió Eléctrica de Cádiz con las simulaciones por cliente, suponía un incremento de un 25% a unos precios que ya se habían disparado. Esto se aprueba en un consejo de administración donde la mayoría de los miembros son del Ayuntamiento y, especialmente de Adelante Cádiz del equipo de Gobierno. Esa decisión no se toma sola.

Y ha llegado lo inevitable y es que se está produciendo una fuga de clientes. En Cádiz, mucha gente era de Eléctrica de Cádiz casi por costumbre porque no habían cambiado jamás de compañía y venían de un mercado que no estaba liberalizado. Pero ahora, en un contexto de crisis donde cada familia mira el euro hasta el mínimo detalle, la huida hacia ofertas más atractivas que pueden hacer las grandes compañías es un hecho.

El equipo de Gobierno ha tratado de dar un nuevo volantazo ante lo que es la indignación generalizada de la ciudadanía, que son los precios altísimos de la electricidad y su consecuencia inmediata, la salida de clientes. Para ello han anunciado 2,5 millones de euros de ayudas para los recibos aunque eso no esté sustanciado en nada porque de momento es una intención que no se ha desarrollado. Y muchos hacen como Santo Tomás, que hasta que no metan el dedo en la llaga, no van a creer. Ese escepticismo los ha llevado una vez más a ponerse en la posición de víctimas que tanto les gusta y a tratar de justificar lo injustificable, lo que pasa es que las tintas de calamar están muy aguadas y manchan poco.

En las intervenciones en las redes sociales, se fue preparando el terreno desde días antes, donde el mismo alcalde se quejaba del precio de la electricidad pero siempre culpando a los agentes externos y defendiendo que ha habido un año donde los clientes de Eléctrica no tuvieron que sufrir las consecuencias de las subidas, pese a que eso puso en riesgo a la empresa.

Ahora se enfrentan a una situación crítica, luchando con las grandes, entre ellas su propio socio de Endesa, que espera cruzado de brazos a que se dé la ocasión para poder quedarse con la compañía.