El derecho a la vivienda está garantizado por el artículo 47 de la Constitución Española, incluido en el capítulo de los principios rectores de la política social y económica. El derecho al trabajo está regulado por el artículo 35 de los derechos y deberes de los ciudadanos que incluye también el artículo 33 que garantiza el derecho a la propiedad privada, invocando eso sí la función social de la misma.

Este es el marco legal en el que debe situarse cualquier análisis y reflexión sobre el fenómeno de la turistificación. Este proceso reciente provoca el desplazamiento de la población tradicional de un barrio de la ciudad histórica debido a la transformación del uso del espacio residencial. No hay que olvidar que el valor simbólico de la ciudad se construye por los habitantes y que el traslado de los mismos supone una transformación irrecuperable para la ciudad. Este es el núcleo de la cuestión, la transformación del uso, que conduce a destinar la vivienda tradicional en una vivienda turística, en un apartamento turístico o en un hotel, lugares en donde se desarrolla una actividad económica, un trabajo. Así y de forma paradójica el derecho a la vivienda se ve amenazado por el derecho al trabajo, más aún cuando se produce en una ciudad como Cádiz en donde no abunda ni lo uno ni lo otro.

En número de viviendas de la capital asciende a casi 60 mil, que permiten alojar a 120 mil gaditanos aproximadamente. Por otra parte, el número de inscripciones activas de demandantes de viviendas asciende a casi 6 mil. La mayor parte de estos demandantes de vivienda (65%) tienen una situación económica muy complicada que no les permite acceder a una vivienda digna ya que sus ingresos están por debajo del IPREM (548,60 €/mes) y el 90% no supera el 2,5 IPREM. Por otra parte, un tercio de la población activa, más de 15 mil personas, se encuentra en paro. Por último, aproximadamente mil viviendas tienen licencia para desarrollar la actividad turística. Este es el escenario de la capital gaditana. Un escenario para el que todo el mundo tiene una opinión, en función de sus intereses, en función de sus aspiraciones o en función de sus ideales.

Lo cierto es que el debate que oscila entre el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, nos recuerda aquella pregunta a la que sometieron al alcalde cuando debía decidir sobre su preferencia ética entre el beneficio por el trabajo que proporciona la construcción de corbetas y el perjuicio por el uso mortal al que se dedican. La sociedad se polariza en cualquier caso. Polarización entre los que defienden el trabajo que proporcionan las viviendas turísticas y los que defienden garantizar el derecho a la vivienda digna a los ciudadanos.

Pero es necesario no olvidar que antes de la aparición de la turistificación en Cádiz allá por 2015, el número de demandantes de viviendas era superior a los 7 mil inscritos. Es decir, el problema de la vivienda en Cádiz está arraigado en la ciudad desde siempre. El número de fincas vacías en 2013 ascendía a 128, lo que suponía aproximadamente 800 viviendas a la espera de ser ocupadas tras la rehabilitación necesaria y el número total de viviendas vacías sigue siendo casi 5 mil según al Plan Municipal de Vivienda de Cádiz y las infraviviendas siguen superando las 200 viviendas. No cabe duda que la turistificación influye en el precio del alquiler de la vivienda, pero no hay que olvidar que los demandantes de vivienda, no podían acceder a una vivienda digna en alquiler ni antes ni ahora, porque el problema de la vivienda en Cádiz es un problema que debe comprometer a las administraciones competentes, a todas.

Solo es posible resolver el problema de la vivienda en España, y en Cádiz, con una política de inversiones seria y rigurosa, que permita disfrutar de un derecho a la vivienda equivalente a un derecho a la salud o a la educación. Pero la política de vivienda de las administraciones se ha resumido en asignar 90 millones anuales para toda Andalucía según el Plan Andaluz de Vivienda 2016-2020, para un total de 70 mil demandantes, cero euros para infravivienda en Cádiz, a pesar de la promesa electoral de destinar 1,1 millones anuales. Si comparamos con el panorama internacional podemos comprobar que Austria, que tiene una población similar a la de Andalucía y una extensión también similar dedica históricamente 2 mil millones de euros anuales a su política de vivienda. Allí el derecho a la vivienda digna está garantizado.

En este escenario, el informe sobre el estado de la vivienda turística en Cádiz plantea propuestas orientadas a conciliar el derecho a la vivienda con el derecho al trabajo. Plantea un escenario en el que la actividad de la vivienda turística permite aumentar el número de licencias turísticas acompañada de medidas complementarias que permitan diversificar la oferta cultural y de ocio y ello colabore en mejorar el acceso a la vivienda mediante la aplicación de tasas destinadas a tal fin.

Pero también que ese escenario colabore en dignificar el trabajo de colectivos con empleo precario, evitando una competencia desleal con un sector hotelero de larga tradición que genera mayor empleo y garantice que los beneficios de esta actividad alcance a los gaditanos, protegiéndola de los monopolios y de los especuladores que se han extendido en otras ciudades.

Es necesario conocer en profundidad la situación de Cádiz y los riesgos que pueden aparecer si no se adoptan las medidas necesarias para evitar que ese patrimonio simbólico irrepetible que solo está construido por los gaditanos permanezca inalterado pero también es necesario estar atento a las transformaciones sociales y a los nuevos comportamientos y oportunidades que existen para evitar el declive de una ciudad que hace tres siglos brillaba en el centro del orbe.