Ahora le toca a la Universidad

La mala política suele mostrar su cara menos amable para atacar a instituciones y colectivos que considera no afines a sus planteamientos. Esta actitud es más que preocupante cuando estos ataques parten de quienes ostentan el gobierno de la Nación. Recientemente, la vicepresidenta del Gobierno ha arremetido contra los jueces y, poco después, en un alarde de desconocimiento, y demagogia populista, ha hecho lo mismo con las universidades privadas asegurando que son una amenaza para la “clase trabajadora”. Poco antes, su jefe los calificaba de “chiringuitos”.

Es cierto que en nuestro país existen universidades que no alcanzan las cotas de calidad exigibles a una institución de enseñanza superior, pero la soflama y la falta de rigor no son las herramientas más adecuadas para resolver este problema.

La misión fundamental de la Universidad es formar a nuestros egresados para que contribuyan al desarrollo de la sociedad y, por ello, la calidad debe presidir todas aquellas actuaciones que las universidades ponen en marcha.

Con este objetivo, las naciones europeas llevan años desarrollando los estándares de calidad que deben cumplir las universidades de nueva creación y las ya existentes. Fueron establecidos por prestigiosas instituciones europeas y asumidos por la mayoría de los miembros de la UE. En España, todas las universidades públicas y privadas deben someterse, periódicamente, a una evaluación para cumplir con dichos criterios y los organismos encargados de aplicarlos son la agencia nacional ANECA y las diez agencias que ejercen esta función en las comunidades autónomas.

Desde mi experiencia de más de veinte años como evaluador de universidades españolas y europeas, puedo decir que los criterios de calidad se aplican con rigor e independencia. Sin embargo, la competencia para aceptar o rechazar la creación de universidades públicas y el reconocimiento de las privadas, así como la acreditación de las enseñanzas de las ya existentes, la ostentan otros organismos como los parlamentos de las comunidades autónomas, el Parlamento español, la Conferencia General de Política Universitaria o el propio Gobierno. Estas instancias, aceptan o rechazan la creación de universidades públicas y el reconocimiento de las privadas, así como las actividades docentes e investigadoras de las ya existentes.

Por lo tanto, la existencia de universidades que no cumplen los niveles de calidad establecidos no se debe a la laxitud de los criterios técnicos de evaluación sino a que estos organismos, desoyendo dichos criterios, deciden su puesta en marcha condicionados por otros factores en los que los intereses políticos juegan un importante papel.

Un nuevo decreto que, como pretende el Gobierno, endurezca las condiciones para la creación, reconocimiento y autorización de universidades, no resolverá el problema, sino que, al contrario, puede dar un mayor control al propio Gobierno y a los gobiernos de las comunidades autónomas en la toma de decisiones. Para muestra un botón: formé parte de un comité evaluador de una solicitud para la creación de una universidad privada y, a pesar de que emitimos un informe desfavorable, el organismo regional competente dio luz verde a su puesta en marcha.

Me sorprende a este respecto el silencio de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que aloja en su seno tanto a las universidades públicas como a las privadas, así como el apoyo de la asociación de los rectores de las universidades andaluzas al endurecimiento de los requisitos para crear universidades privadas.

Me pregunto si no sería más efectivo que estas dos entidades exigieran al Gobierno y las comunidades autónomas una financiación adecuada que permita a nuestras universidades públicas salir de la penuria económica (Informe CYD 2023) que las pone en clara desventaja frente a los centros privados. Así se podrían admitir a muchos más estudiantes en las universidades públicas y mejorar la calidad docente e investigadora de nuestro sistema universitario.

En suma, por mucho que un nuevo decreto endurezca los criterios, mientras la creación y seguimiento de centros de enseñanza superior se rija por directrices políticas y no por criterios contrastados de calidad docente y de investigación, el número de centros privados de baja calidad seguirá aumentando.