"Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". Así resumió Séneca la consecuencia de la lentitud de uno de los valores fundamentales del ser humano: la Justicia. A través de ella se busca que cada individuo reciba lo que le pertenece y es justo, independientemente de sus condiciones, lo que implica un reconocimiento y respeto total por los derechos humanos y más, si nos encontramos con una Constitución viva y en un Estado de Derecho.

Resulta paradójico que, en un sistema democrático y garantista como es el nuestro, la situación actual de la Justicia en España, en cada comunidad y en cada provincia, no sea motivo de máxima preocupación de todos: instituciones, políticos y sociedad en general.

Apenas finalizada la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los antiguamente denominados secretarios judiciales, que han provocado la suspensión de más 350.000 juicios y vistas, así como una paralización de temas trascendentales para la sociedad en general, las asociaciones de fiscales y jueces (excepto las progresistas) han anunciado el inicio de una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.

Este nuevo paro, en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas, coincidirá además con la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia que ya la están llevando a cabo y precisamente, en estos días choca de lleno con ver a toda una Ministra de Justicia, en la feria de Sevilla, haciendo declaraciones precisamente sobre este gran problema. Podía haberse quitado al menos al traje de flamenca y con su toga de Magistrada posiblemente hubiese hecho más efecto que las fotografías que nos están repartiendo por doquier, pues aunque tenga el derecho legítimo para que en su ratos libres vaya donde quiera, no era el lugar ni el momento con la que está cayendo en su Ministerio.

La preocupación de todos los agentes y operadores involucrados en el buen funcionamiento de la Justicia es patente, pero no pasa de ahí, de un conflicto, uno más de cuantos presenciamos a diario en los informativos y en la prensa escrita que día a día va creciendo y haciéndose una bola de nieve imparable.

A mi entender, la situación actual de nuestra Justicia en España es caótica y sus efectos sobre la calidad con la que debe ser ejercida como garante de los derechos ciudadanos, es más que nociva. La peor parte se la llevan los más débiles, los justiciables, aquellos cuyos derechos o intereses dependen de lo que resuelva sobre ellos los Tribunales de Justicia. Sólo en la Jurisdicción Social, que tanto afecta a millones de españoles, tenemos despidos, reclamaciones de cantidad, pensiones de viudedad, orfandad, jubilaciones, impugnaciones de altas médicas, incapacidades, derechos fundamentales y todo aquello que afecta a los más débiles, se eterniza en forma de casos amontonados en unos juzgados, a veces con sedes cochambrosas, como es el caso de Cádiz y su provincia y en todas las instancias, llegando hasta el mismísimo Tribunal Supremo que sólo en la Sala IV de dicho Alto Tribunal, de 13 Magistrados, sólo quedan 8 y en el mes de Julio pasarán a 7, porque al Gobierno le ha preocupado más tener expedito y funcionando al Tribunal Constitucional que aquellos que solucionan los problemas de la sociedad civil. Es decir, mirando para ellos y congelando el nombramiento de Jueces y Magistrados.

Y mientras, miramos para otro lado ante el desgobierno del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gestión de una de las tres patas de nuestro sistema democrático y de derechos, las sedes judiciales viven en un permanente aplazamiento de juicios y vistas.

El Ministerio de Justicia y, en el caso de Andalucía, la Consejería competente de las infraestructuras y dotaciones de personal, permiten que el barco siga en permanente capeo del temporal, sin medios a la altura de importante función que debe prestar al conjunto de la sociedad y no hablemos de aquél papel cero que nos prometieron donde ha sido algo tan falto de rigor para unas infraestructuras que lo único que existe ahí es lo que se denomina papel mojado.

Las cargas de trabajo en las fiscalías y juzgados impiden brindar verdadera Justicia, pues al carecer de medios apropiados como los de otras administraciones, sufren el abandono de los legajos porque físicamente es imposible utilizar las pocas plataformas digitales que existen y que ni están homologadas entre ellas ni se pueden conectar con otras administraciones.

En Andalucía, como en otras Comunidades, la madeja se complica aún más. Los jueces dependen del CGPJ, sus nóminas las paga el Ministerio; los Letrados de la Administración de Justicia que dan soporte y garantizan los procedimientos, cobran igualmente del Ministerio, pero los funcionarios y sedes competen a la Consejería y algunas sedes como la Audiencia Provincial de Cádiz, donde para la Diputación Provincial, quienes trabajan en ese denominado Palacio de Justicia son unos “okupas” que están utilizando un inmueble que no es el suyo, sin valorar ni el trabajo ni el significado que tiene el mismo, pero la política barata y demagoga de la Diputación es más importante que un pleito de quien pide amparo en la Justicia.

En este panorama, los operadores jurídicos, abogados, graduados sociales y procuradores, trabajamos como podemos, mientras los justiciables esperan años para poder obtener una resolución de un juez en relación a un problema de cualquier índole, pues en el Orden Social ya hay señalamientos para el 2026, lo que hace que desaparezcan los obligados al pago y quienes tienen que percibir acudan al Fondo de Garantía Salarial porque las empresas entre la economía existente y el número de parados que ascienden a los cuatro millones, incluidos los fijos discontinuos, no puedan ni cobrar su trabajo dignamente realizado.

El Tribunal Supremo ejemplifica lo insostenible de esta situación, con un 30% de vacantes en su plantilla y 1.200 sentencias menos el año pasado por la falta de jueces.

Hacia abajo, en cascada y hasta llegar a los juzgados de Primera Instancia, la pirámide de asuntos por resolver crece sin parar, mucho más de lo que podíamos imaginar quienes ya venimos alertando de esta situación desde hace años.

La pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuándo? ¿Qué nuevo conflicto nos espera? ¿Cuándo acabará por desmoronarse este castillo de papel?

Una democracia sin justicia es inconcebible. Es la primera garantía para los ciudadanos. Sin la fuerza del Estado para hacerla valer, en tiempo y forma, nos vamos a pique y lo peor es que este puntal del Estado de Derecho si se ahoga como muchos lo están provocando, nos convertiremos en un país como Marruecos con una capa de barniz, pero la credibilidad se ha perdido, y están hundiendo a los operadores jurídicos que vivimos de nuestros clientes, pero el interés general no pasa por ser ágil para el justiciable, el interés general es hablar de una economía de mentiras, de un enfrentamiento político estéril y de prometer todo aquello que pueda dar votos, pero por desgracia la Justicia no da votos, porque en muchos casos quita razones, mete a corruptos en las cárceles y los delitos aumentan entre los Juzgados. Por eso, la Justicia que es lenta, ya ha dejado de ser Justicia y los delincuentes e infractores de seguir así tendrán libertad absoluta para hacer lo que quieran.

José Blas Fernández Sánchez.Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-CeutaPresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales.