La vivienda ilegal de un ex alcalde de Sanlúcar, en los tribunales

Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sanlúcar tienen que declarar el próximo jueves en los juzgados de esta ciudad como imputados por la concesión de una licencia de obras, hace ya cerca de diez años, para la construcción de una vivienda ilegal en La Jara como residencia del ex alcalde Juan Rodríguez (PP), que falleció en marzo de 2006.

Entre los cuatro imputados se encuentra el ex gerente municipal de Urbanismo Alfonso Rodríguez, que ocupó este relevante cargo de confianza del PP durante parte del mandato popular. Es el único de los imputados que ya no figura en la nómina municipal de esta población en la que gobierna el PSOE con el partido independiente CIS desde el año 2007. Los otros tres son, por un lado, J.P.M. y B.S.E., que siguen trabajando como técnicos en la Gerencia de Urbanismo; y E.R.B., que en la actualidad está adscrito directamente al Ayuntamiento con otras responsabilidades.

El chalet ilegal del ex regidor popular, cuya licencia de obras fue tramitada a nombre de su madre, también fallecida, levantó una considerable polvareda política en Sanlúcar a mediados de la pasada década, coincidiendo con los últimos años del mandato de Rodríguez, cuando ya sufría la grave enfermedad que no logró superar.

En abril de 2005, el Gobierno municipal, a través del entonces alcalde en funciones, Rafael Rubio, llegó a admitir la ilegalidad de la polémica vivienda, pero asegurando que acabaría siendo "totalmente legal". El concejal popular reconoció que las obras "empezaron antes de tiempo", motivo por el cual la Gerencia de Urbanismo levantó acta de infracción en diciembre de 2004 y cursó "la correspondiente multa". Así las cosas, según Rubio, el chalet terminó contando con la pertinente licencia municipal concedida por la Gerencia de Urbanismo "de forma condicionada" a la aprobación plenaria de un plan especial para la zona sanluqueña de La Jara donde se hallaba el chalet. Casi una década después de aquel anuncio, la tramitación de dicho plan urbanístico no se ha completado.

Más allá del ámbito político, este caso reavivó las quejas vecinales que reclamaban al Ayuntamiento soluciones para la regularización de las miles de viviendas ilegales existentes en el municipio. En marzo de 2006, se ejecutó el derribo de una casa precisamente en La Jara.