El juicio al Padre Pepe, acusado de estafar más de 285.000 euros a usuarios de la residencia El Santísimo de Medina entre 2004 y 2009, ha continuado este martes en la Audiencia Provincial de Cádiz con la declaración, en calidad de testigos, de varios ex trabajadores del centro. 

Uno de los antiguos empleados ha manifestado ante el tribunal que tras trabajar en Medina Sidonia durante un tiempo, en 1989 se trasladó a Venezuela, donde ocupó el puesto de director de la Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz, la misma entidad que gestionaba El Santísimo en Medina. Este testigo ha explicado que entre 2004 y 2009, periodo de tiempo en el que se perpetró la supuesta estafa según la Fiscalía, recibió ingresos del Padre Pepe. "A Venezuela llegaba dinero de la residencia El Santísimo para fines sociales".

También ha prestado declaración en la segunda sesión del juicio la hermana del Padre Pepe, que trabajó en la residencia asidonense primero como auxiliar clínica y después como coordinadora. La mujer ha aseverado que los ayuntamientos les derivaban usuarios, varios de ellos, sin ingresos para cubrir su plaza. "Pese a ello, nunca nos planteamos echar a nadie", ha sentenciado. "Nos movimos muchísimo para salvaguardar los cuidados de esa gente. Mantuvimos encuentros con diferentes organismos públicos para conseguir subvenciones, pero tardaban mucho en llegar".

Asimismo, la hermana del Padre Pepe ha confirmado que los usuarios firmaban un contrato para ser admitidos en El Santísimo en el que se incluía una cláusula por la que se comprometían a abonar los cargos que generaba su estancia allí con efecto retroactivo en caso de impago, respondiendo incluso con la totalidad de su patrimonio. Así, ha dicho, algunos de esos contratos eran firmados por su hermano "como guardador de hecho" cuando se trataba de ingresos no voluntarios, esto es, de personas en situación de emergencia social que, a su vez, suscribían el referido acuerdo con su huella dactilar dado su estado de incapacidad. 

Esta testigo ha indicado además que estaba al tanto de que su hermano aparecía como autorizado en las cuentas bancarias de diferentes abuelos, cuentas de las que llegó a sacar dinero para liquidar sus deudas después incluso de que murieran, tal y como él mismo reconoció. Cuestionada entonces sobre si el centro realizaba alguna gestión para saber si estos usuarios ya fallecidos contaban con algún heredero universal, la hermana del Padre Pepe ha aseverado que no le constaba. 

En cuanto a los ingresos realizados a Venezuela desde El Santísimo, la hermana del acusado ha afirmado que eran "donaciones" que hacía su hermano de su "patrimonio personal". 

Durante la segunda sesión de la vista oral, también han prestado testimonio trabajadoras sociales que, a la fecha de los hechos, desempeñaban sus funciones en el residencial de la localidad asidonense. Una de ellas ha explicado que la mayoría de los usuarios eran ingresados en el centro por familiares y que solo unos 15 o 20 ocupaban plazas privadas sin pagar, por su falta de recursos, a la espera de conseguir una plaza concertada con dinero público.

En este punto, la fiscal ha mencionado el caso de dos internos incapacitados y sin recursos que firmaron el contrato que los responsabilizaba de sus deudas pendientes precisamente el día antes de lograr el concierto con la Junta. "Sospechoso cuanto menos", ha subrayado la fiscal. 

Otra trabajadora social ha testificado que los empleados de El Santísimo tenían dificultades para cobrar sus nóminas. "Se cobraba tarde y mal, pero se cobraba".

Por último, un ex administrativo de El Santísimo que actualmente trabaja en el mismo centro residencial gestionado ahora por Misioneros de la Paz, ha afirmado que tuvo conocimiento de que el Padre Pepe sacaba dinero de las cuentas de los abuelos toda vez que un familiar interpuso una denuncia, no antes.