Las quiebras familiares declaradas en los juzgados se reducen en un 36%

El juzgado de lo Mercantil de Cádiz ha experimentado un leve descenso de casos en el último año sobre todo de procesos concursales protagonizados por personas físicas, principalmente familias hipotecadas o pequeños empresarios. Así, según las estadísticas facilitadas de 30 casos incoados de personas físicas en 2011, se ha pasado a 19 hasta principios de este mes de noviembre de 2013, un 36% menos de casos. Ya en 2012 bajaron a 23 y a un mes para final de año parece que el balance se quedará en números similares.

Las personas físicas que no pueden hacer frente a sus deudas pueden pedir al juez mercantil que los declare en concurso de acreedores, como así lo hacen las empresas, y en época de crisis no son pocos los que han visto en la Ley concursal la solución.

Según apuntan fuentes judiciales, estas personas suelen ser pequeños empresarios o familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, con el desahucio cerca, y que han pensado que así lo podían paralizar. Pero parece que nada más lejos de la realidad. Según apuntaban fuentes del colegio de abogados, el proceso concursal supone un "gasto terrible" que normalmente no suele ser compatible con el perfil de personas que lo solicitan, en su mayoría sin ingresos. Suelen acogerse a un abogado de oficio, pero el administrador concursal hay que asumirlo como pago. Además, las nuevas tasas o los pequeños cambios con la nueva Ley Hipotecaria también podrían haber afectado a ese pequeño descenso de familias acogidas a la ley concursal.

En una entrevista este verano, la anterior titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, comentaba a este diario que por sus manos habían pasado insolvencias familiares, de consumidores, pero manifestaba que la Ley Concursal "no era la solución". Orellana apuntaba entonces que lo máximo que la familia podían obtener de esta manera era la suspensión de algunas ejecuciones de pagos pero no los desahucios de las viviendas habituales. "En muchas ocasiones las familias han acudido para parar la subasta de la vivienda y eso no se logra" -decía- "ni si quiera por un año como sí les sucede a las empresas".

En cuanto al número total de casos nuevos incoados por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, a principios de noviembre se sitúan en 143, cuando en todo el 2012 se llegó a 167.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba los datos oficiales acerca de este tipo de procedimientos concursales. En la provincia de Cádiz, en el tercer trimestre del año (julio-septiembre), se contabilizaron 28 concursos de acreedores, todos de carácter voluntario (cuando es el deudor quien pide al Juzgado la declaración de insolvencia). Comparado con el trimestre anterior (de abril a junio), la provincia ya ha registrado un descenso. En ese periodo, fueron 40 y, en el primer trimestre de 2013, los concursos registrados llegaron a 35.

Por tanto, en los nueve primeros meses del año, a datos cerrados según el INE, han pasado por esta situación un total de 103 empresas o personas físicas. Si se compara con el mismo periodo de 2012, se comprueba la evolución: entonces fueron 95; en el año 2011, llegaron a 66; un año antes, en 2010, fueron 78.

En este sentido, hay que aclarar la diferencia entre los datos oficiales que proporciona el INE con aquellos que manejan en el propio Juzgado. En otras ocasiones, fuentes judiciales han explicado que en sede judicial se suelen contabilizar más debido a que el INE no suele datar los concursos que no se han cerrado.

Con respecto a la situación de las familias, los datos del Instituto de Estadística pone de manifiesto que, al menos este año, que poco a poco la situación ha ido a menos. Si en el primer trimestre se acogían a la Ley Concursal un total de cinco personas físicas sin actividad empresarial, en el segundo trimestre fueron cuatro, por solo dos en el tercer trimestre de este año. En total, 11 familias.

El pasado año, en el mismo periodo, fueron en total 14 personas sin actividad física las que se personaron en el Juzgado, pero llama la atención que, entre los meses de enero a marzo, fueron 11 las que declararon su situación de insolvencia, las mismas que lo que llevamos de año.

Un año antes, en 2011 (siempre según el INE), las personas físicas sin actividad empresarial que se acogieron a este procedimiento fueron en los nueve primeros meses del año un total de nueve.